Ahora van por las viviendas

Se despoja a unos para darles a otros que han sido desasistidos por el mismo gobierno
Por Francisco Olivares

El Universal 15 01 11

Desde finales de diciembre se viene realizando a nivel nacional un censo en las zonas turísticas sobre la cantidad de edificios y apartamentos existentes. Aunque no se conoce un anuncio oficial sobre tal medida, llama la atención que ese censo lo están realizando personas que se identifican como miembros de juntas comunales. Tales personas no portan ninguna credencial o identificación que les califique para tal tarea. Las preguntas que suelen hacerse son: cuántos apartamentos existen en el conjunto residencial, cuántas habitaciones y metros cuadrados poseen, cuántos hay desocupados, cuántos habitantes fijos y cuántos ocasionales hay. Estos censos se han registrado en la zona de Tucacas, en el Litoral Central y en Higuerote y Río Chico.

Un hecho como ese no tendría mayor relevancia en un país donde se respete el Estado de Derecho. Pero a raíz de lo sucedido con los damnificados y las medidas improvisadas que cada día toma el Gobierno, tales indagaciones han causado preocupación entre propietarios de inmuebles en zonas turísticas.

Hace unos años nadie se podía imaginar que Hugo Chávez le pondría la mano a las viviendas particulares, pero hoy es una tesis que habita en la mente de cientos de miles de propietarios que tienen algún bien en alguna parte del país.

Especialmente nadie olvida cuando el Presidente, en medio de las protestas de los damnificados, autorizó a las juntas comunales a que inspeccionaran y tomaran los edificios "desocupados". "Miren allí están los edificios sequitos de los ricos" decía desde el helicóptero. En aquel momento la medida originó una estampida de propietarios, chavistas y no chavistas, hacia Barlovento para proteger sus bienes.

Mientras las cifras muestran cómo la construcción cayó 22% en 2010 y que en 12 años solo se han construido 296 mil viviendas, es decir, el peor desempeño en construcción en 70 años, vemos a un jefe de Estado dando bandazos y confiscando arbitrariamente lo que a muchos venezolanos les ha costado años de esfuerzo personal.

El Gobierno comenzó con las grandes fincas y empresas, siguió con edificios galpones, pero ahora toman hasta pequeños talleres, parcelas y estacionamientos donde sus propietarios y empleados son desalojados con la fuerza de las armas y sin que medie ninguna acción judicial.

La desesperación por no haber cumplido como gobernante en 12 años y haber convocado a todos los sectores, a un plan de construcción de viviendas, se están pagando ahora, con acciones confiscatorias, en donde se despoja a unos de sus propiedades, para dárselas a otros que han sido desasistidos por el mismo gobierno que trata de venderse como el redentor.

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