El Carabobeno 26 12 09

En marzo el Gobierno le revocó a los estados la administración de sus puertos y aeropuertos.(Foto Noel Palencia / Archivo)
Moisés G. Hernández

Valencia, diciembre 26 (REDACTA).- En sólo un año, la Asamblea Nacional retrocedió al país a casi 20 años en materia de descentralización. Con 14 leyes que afectan directamente la administración de estados y municipios, la mayoría de ellas en vigencia y otras en primera discusión, el parlamento revirtió la autonomía de las regiones y las hizo más dependientes del poder central.

La centralización era un asunto pendiente desde diciembre de 2007, cuando fracasó electoralmente la propuesta del presidente Hugo Chávez de reformar la Constitución Nacional. Tal como lo prometió el Presidente, aquellos artículos que la mayoría de los votantes rechazó, poco a poco se fueron convirtiendo en leyes a veces sancionadas en sesiones maratónicas y casi a medianoche.

En marzo la AN comenzó a cumplir las peticiones del presidente Chávez. En ese mes se sancionaron tres reformas a leyes que revirtieron las competencias de los estados sobre sus puertos y aeropuertos: Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, Ley General de Puertos y Ley de Aeronáutica Civil.

Con la modificación de la Ley de Descentralización el Ejecutivo está facultado para revertir la transferencia de las competencias concedidas a los estados para la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras, puertos y aeropuertos comerciales.

Días después de la entrada en vigencia de esas leyes, el Ejecutivo regional dio su balance sobre lo que sería el recorte presupuestario debido a la pérdida de sus principales fuentes de ingresos. Las estimaciones fueron las siguientes: 21 millones 955 mil 525 bolívares fuertes por el Puerto Autónomo de Puerto Cabello; 11 millones 503 mil 949 por el Instituto Regional de Vialidad y 6 millones 968 mil 272 por el Instituto Autónomo de Aeropuertos del estado, para un total de 40 millones 427 mil 746 bolívares fuertes.

La merma de recursos tuvo resultados inmediatos, especialmente en vialidad. La paralización de obras como la rampa de acceso a la Variante Bárbula - San Diego, desde Naguanagua y la culminación de la avenida Paseo Cabriales son los casos más notables.

La posición del gobierno de Carabobo fue llevada hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Entre mayo y julio de 2009 la Procuraduría General del Estado presentó tres recursos de nulidad por la inconstitucionalidad de las nuevas normas y en defensa de las competencias exclusivas establecidas en el artículo 164 de la Carta Magna, que dispone que los estados son los responsables de administrar las autopistas, puertos y aeropuertos de uso comercial. Hasta finales de octubre sólo había sido admitido el recurso contra la Ley General de Puertos.

Contra la Alcaldía Metropolitana

Con la aprobación de cuatro leyes especiales, en abril de este año la AN convirtió a la Alcaldía Metropolitana de Caracas en un organismo simbólico.

Si bien el oficialismo perdió esta alcaldía en las últimas elecciones regionales, con estas nuevas normas logró tomar el control: Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano, Ley Especial del Régimen Municipal de Dos Niveles del Area Metropolitana de Caracas y la Ley de Presupuesto del Distrito Capital para el Ejercicio Fiscal 2009.

Un nuevo Distrito Capital se había creado. Por encima del alcalde Antonio Ledezma fue impuesta una Jefa de Gobierno, Jacqueline Faría, cuya función es dirigir, coordinar y controlar a los organismos de la administración pública en esa jurisdicción.

Con las leyes de presupuesto y transferencia de bienes, la Alcaldía Mayor perdió casi la totalidad de sus recursos y sus funciones políticas quedaron restringidas.

La acción legislativa violó los artículos 6 y 18 de la Constitución de la República.

El “Estado comunal”

El 14 de agosto, el Parlamento sancionó la Ley de Tierras Urbanas, la cual tiene por objeto regular el uso y la tenencia de los terrenos ubicados en las zonas densamente pobladas y que estén aptos para el desarrollo de programas de vivienda.

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) rechazó esta ley por considerar que presenta “graves violaciones” al derecho de propiedad. Mediante un comunicado, esta ONG de la zona metropolitana de Caracas señaló que la ley le otorga el derecho de preferencia al Estado en la compra de cualquier tierra urbana susceptible de construcción de vivienda, se elimina la declaratoria de utilidad pública, vulnera los principios de justo precio en la expropiación, viola el derecho a la defensa, permite la custodia del inmueble antes del pago de la indemnización, permite la ocupación del inmueble antes del pago, sin autorización de un juez e irrespeta el derecho mayoritario de los venezolanos de que sea promovida y respetada la propiedad privada.

En una entrevista publicada por El Carabobeño en agosto, el abogado Edgar Núñez Alcántara alertó sobre las “serias” consecuencias que tiene esta ley para los municipios, pues le quita los bienes a estas entidades autónomas.

En noviembre la AN sancionó la reforma a la Ley de los Consejos Comunales, la cual regula la constitución, conformación, organización y funcionamiento de estas organizaciones sociales “para el ejercicio directo de la soberanía popular”. La ley, que deroga la promulgada en 2006, crea la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria que será el ente que manejará y ejecutará los fondos que lleguen a los consejos comunales por la vía del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), entre otras.

La Ley de Planificación Pública se encuentra en primera discusión. Con ella se busca “una planificación estratégica, democrática, participativa, coordinada y de consulta abierta” para la elaboración de los planes estadales, municipales y comunales de desarrollo.

La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, sancionada el 15 de diciembre, le otorga al Presidente de la República la facultad de crear “Regiones Federales de Desarrollo”, considera a las comunas como una organización de base del poder popular y, en contraposición con el artículo 185 de la Constitución, no se garantiza plenamente la transferencia de poderes a los niveles de gobierno estadal y municipal.

Los parlamentos regionales de los estados Miranda, Nueva Esparta y Zulia rechazaron esta última ley porque consideran que la AN violó la Constitución y con ello decretó el fin de la descentralización.

Días después la AN aprobó en primera discusión la Ley de Participación y Poder Popular, que tiene como objetivo garantizar “el ejercicio del poder a través de los gobiernos comunales, bajo un modelo de sociedad socialista, de equidad y de justicia”. Además, reconoce a la propiedad social en uno de sus artículos.

El presidente Chávez instó el 20 de diciembre a los alcaldes y gobernadores a transferir poder a los consejos comunales. Sus declaraciones siguieron a otras más polémicas del ex constituyentista y dirigente del PSUV Aristóbulo Istúriz: “Hay que cambiar el Estado capitalista burgués y sustituirlo por uno comunal de transición al socialismo”.

Menos presupuesto

Dirigentes de oposición criticaron la Ley de Presupuesto 2010 que sancionó la AN en diciembre, porque reduce en al menos 15% los ingresos para las regiones en comparación con lo aprobado en 2007.

De la ONG Observatorio Parlamentario, el vocero Carlos Vecchio calificó de “centralismo asfixiante” la seguidilla de leyes elaboradas por el Parlamento. El diputado Darío Vivas, al dar el balance de la actividad legislativa, pronosticó que 2010 “será el año de la consolidación del poder popular”, con una descentralización “más amplia y real”.