El Universal 16-09-10

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos abogó por la defensa de la propiedad privada y no social, por considerarla inconstitucional.

Caracas.- La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) considera que son varios los aspectos que deben evaluarse antes de otorgar la titularidad a aquellas comunidades populares que estén asentadas en tierras privadas, como sugirió el presidente Hugo Chávez, la semana pasada.

Según Roberto Orta Poleo, presidente de la Asociación, antes de entregar la titularidad debe evaluarse si las viviendas pertenecen a terrenos públicos o privadas. Por otra parte, hay que revisar el estatus legal de las ocupaciones, porque si proviene de un delito de invasión no puede haber ningún tipo de adjudicación de la propiedad, "ya que la invasión es un delito tipificado en la Ley de Propiedad".

Cree en todo caso que el Estado puede regular en aquellos asentamientos urbanos que tengan muchos años o estén construidos en propiedades públicas.  "En el caso de terrenos privados, el Estado no tiene potestad de hacer legislaciones", dijo Orta Poleo en entrevista a El Universal.

Para el especialista en materia inmobiliaria, el problema no es solo otorgar la regularización de las tierras, sino de dotar a las zonas populares de servicios públicos. "Cloacas, electricidad, seguridad, hay una cantidad de deficiencia y eso tiene igual de importancia como el tema de la propiedad".

Incluso fue más allá, si lo que se pretende es reivindicar los derechos de aquellas personas que viven en zonas populares, Orta Poleo destacó que la única forma es que se les otorgue la propiedad privada y no social, "ya que ningún banco va a otorgar créditos a una vivienda que es propiedad social y aparte porque esa figura es inconstitucional".

Causas y consecuencias

El presidente de Apiur señaló que la escasez y la inflación son las causas principales del encarecimiento de los inmuebles en el país. "Si suben los precios de los materiales de construcción, la mano de obra, efectivamente eso impacta en el valor de las viviendas. Además, mientras más demanda de viviendas existen, evidentemente los precios suben".

Orta Poleo criticó que el Gobierno no ha estimulado un plan masivo de vivienda. De acuerdo a las cifras de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, el déficit de viviendas se sitúa en 2 millones.

Agregó que el problema habitacional en el país obedece a la falta de las políticas que involucren a los sectores privados y públicos en materia de vivienda. En segundo lugar, a la demora en la entrega de las permisologías para la construcción de viviendas. Según explicó, entre dos y tres años puede tomar el arranque de una obra.

Otros de los aspectos tienen que  ver con la escasez del material de construcción, "causada principalmente a raíz de la estatización de la industria del cemento y el hierro", la eliminación del Índice de Precios al Consumidor y la insuficiencia en materia de créditos bancarios.