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Cámara Inmobiliaria de Venezuela: Ley de Tierras Urbanas suprime la propiedad privada PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 20 de Agosto de 2009 08:46
El Nacional 19-08-09    

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela explicó que la Ley de Tierras Urbanas no sólo viola el derecho a la propiedad privada sino que también le quita atribuciones a municipios
  
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco Neri, subrayó este miércoles a El-Nacional.com que la Ley de Tierras Urbanas, aprobada la madrugada del pasado viernes, elimina el derecho a la propiedad privada y por lo tanto afecta a todos los venezolanos por igual.

Neri destacó que la primera razón que determina la inconstitucionalidad de la ley es la manera en la que fue aprobada, de forma apresurada y sin tomar en cuenta a todos los factores y gremios involucrados.

También afirmó que la ley viola el artículo 115 de la Carta Magna, el cual establece que todos los ciudadanos tienen derecho a la propiedad privada y a disponer de sus bienes de la manera en que deseen. "Ningún venezolano podrá disponer de un terreno propio sin antes ofrecérselo al estado, que no le va a reconocer la referencia máxima de precio, sino uno que le convenga", recalcó Neri.

Sobre este particular, y haciendo referencia al tema de las expropiaciones, el representante del CIV explicó que el Estado usaría varios mecanismos para establecer el valor de un inmueble, como el IPC o la realización de un avalúo, pero que en última instancia éstos serían sólo formalidades, pues se pagaría lo que el Estado decidiera.

Neri también hizo un llamado a los alcaldes, pues la ley los despojaría de las funciones de ordenación territorial y urbanística, contemplada en el artículo 178 de la Constitución. El texto jurídico establecería que la potestad sobre los inmuebles y terrenos sin dueño no será de los municipios sino que estaría sujeta a la discreción del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas y Vivienda.

Expresó que existen diversos mecanismos que pueden aplicarse para hacerle frente a ley una vez que sea publicada en Gaceta, como solicitar su anulación por inconstitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Afirmó también que la Cámara está en constante contacto con sus asociados, así como con los consejos comunales, universidades y sus facultades de arquitectura y urbanismo, municipios y partidos políticos, entre otros entes sociales, para informar a la población del contenido de la ley. "Nos debe interesar a todos, no tiene costura social", declaró.
 

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155 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha

800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas

22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011

188 edificios alquilados fueron afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado a su propietario, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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