Tal Cual 06-11-09

Expertos consideran que la Ley de Tierras Urbanas y la providencia sobre Bienes de Interés Cultural limitan aún más el derecho de propiedad

La Ley de Tierras Urbanas y la providencia sobre Bienes de Interés Cultural son las guindas de la estrategia gubernamental para restringir el derecho de propiedad garantizado por la Constitución de 1999, advirtieron los participantes del foro organizado ayer por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y la Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CIM).

"El círculo está cerrado", aseguró Francisco Neri, presidente de la CIV, en referencia al conjunto de leyes, providencias y resoluciones publicadas en los últimos años que vulneran la propiedad privada.

"Se ha estructurado una matriz ideológica para hacer creer a los sectores populares que la estatización nos llevará a tiempos mejores", explicó.

Dinorah Moreno, presidenta de la CIM, agregó que estas normativas no sólo afectan los derechos a la propiedad y a la defensa, sino que también crean falsas esperanzas acerca de la superación del déficit habitacional que padece el país, vulneran las competencias de las autoridades locales y promueven la anarquía en el sector.

Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, definió la Ley de Tierras Urbanas como una "negación del pensamiento lógico" y "antítesis de la eficiencia".

Coincidió en opinar que esta norma usurpa competencias de los municipios y fomenta la desorganización en materia de planificación urbana.

NORMA ILEGÍTIMA
Los abogados Juan Manuel Raffalli y Roberto Orta precisaron que la Ley de Tierras Urbanas atenta contra el derecho de propiedad porque impide que los dueños de terrenos dispongan libremente de ellos, además de obviar los requisitos exigidos en la Constitución y en la Ley de Expropiación para llevar a cabo este procedimiento.

Raffalli agregó que otro problema de la recién promulgada legislación son las lagunas existentes en algunas disposiciones, que generan un alto grado de discrecionalidad que puede prestarse para arbitrariedades y abusos por parte de los funcionarios públicos y las comunidades organizadas que se encargarán de aplicar la normativa.

Orta cuestionó el procedimiento utilizado para aprobar la ley (incluyendo cuatro cambios hechos por el Ejecutivo al texto final que no pasaron por la Asamblea Nacional). También alertó sobre las coincidencias con algunas normativas cubanas como la Ley de Reforma Urbana (1960) y la Ley General de Vivienda (1988).

Los abogados indicaron que, aunque existen diversos caminos jurídicos para combatir esta legislación (desde recursos de nulidad hasta acciones particulares de propietarios que resulten afectados), la mejor forma de enfrentarla es la movilización social. "Tenemos que movilizarnos para evitar el avance de esta ley", dijo Orta.

UNIR ESFUERZOS
Sobre la providencia que declara como bienes de interés cultural más de 1.200 inmuebles en Caracas, la abogada Irma Lovera de Sola indicó que también presenta lagunas que dan pie a su aplicación discrecional. Por ejemplo, no se definen los criterios técnicos para clasificar un bien como parte del patrimonio ni se establecen lapsos para los trámites.

Bolívar criticó que estas decisiones se tomen sin consultar a todos los actores involucrados: autoridades municipales, especialistas en la materia, propietarios de inmuebles.

Recordó que el ex ministro Francisco Sesto había dicho que el catálogo de bienes de interés cultural era un borrador y debía ser revisado con comunidades afectadas.

Moreno recalcó que la conservación del patrimonio y la construcción de viviendas son objetivos comunes de toda la sociedad. Por lo tanto, agregó, es necesario que el gobierno, el sector privado y las comunidades organizadas se pongan de acuerdo y unan esfuerzos para su consecución. Neri también cree que el trabajo conjunto daría mejores resultados.