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Con la ley de Tierras se podrán meter “en los patios grandes” PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 20 de Agosto de 2009 06:29

La Verdad. Maracaibo 19/08/2009


"Toda persona tiene el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes", derecho que podría estar a discrecionalidad del Estado tras la aprobación de la ley de Tierras Urbanas, al darle la competencia de declarar "cualquier tierra de utilidad pública". Rafael Ramírez, diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), acusó que las familias que tengan una casa con terrenos amplios pueden ser objeto de expropiación por el Gobierno. "Se van a meter en los patios grandes de las casas", sentenció.


La idea no es descabellada para él. Y es que la normativa "abre una ventana de discrecionalidad cuando se establece cómo se determinarán las tierras urbanas aptas" para la expropiación. Será el Gobierno con la representación que asume de Estado quien decidirá el futuro de los inmuebles privados. El bien patrimonial podría estar en peligro.

Para Ramírez la normativa "viola" el derecho de propiedad privada. El artículo 115 de la Constitución, referido a la garantía, queda atascado en los deseos del Gobierno, "a su discrecionalidad" no sólo por el destino, si no además porque tendrá doble participación: decide qué se expropia y tendrá la primera opción de compra. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda será el órgano ejecutor de la ley; es decir, "ente con competencia" y otorgándose el principio que "se establece un derecho de preferencia a favor de la República para adquirir las tierras urbanas".

La historia urbanística de las ciudades tendrá un giro. Un precedente que podría germinar en tierras urbanas a expropiar. El diputado asomó varios escenarios: Limitaciones de las empresas para desarrollarse, familias que tendrán vecinos dentro su propio terreno sin querer y un posible retroceso de las competencias de los municipios y estados. "El ejemplo con las empresas que compran grandes extensiones, que va construyendo para desarrollar su actividad, puede no darse a la velocidad que se quisiera". Otra situación la apuntó a las áreas de la Universidad del Zulia, que están en desarrollo y están limitadas por los recursos disponibles para seguir construyendo.

Las propiedades de familias y con grandes superficies de "patios" no escapan a la incertidumbre. Ramírez explicó que la medida de declarar de utilidad pública una propiedad privada va para "cualquier terreno". Todos son vulnerables por la expectativa que se plantea: "sin uso". Alertó que quienes hayan comprado con "mucho esfuerzo" y no han podido construir podrían verse afectados. La defensa ante una denuncia de desuso también queda restringida a un lapso. "El Estado hará un breve procedimiento con una duración de 30 días, transgrediendo todos los derechos de propiedad privada que el particular tenga”.

Una consecuencia nada socialista podría originarse: "¿Quién garantiza que no sea la posibilidad de fomentar peleas entre comunidades?", se preguntó. Los problemas que se generen serán responsabilidad del Estado porque "el Gobierno parte de la destrucción para intentar construir las cosas. Atribuye el problema de vivienda al tema de que no hay terrenos. El terreno es una de las aristas del problema pero no es la única. Hay problemas de materiales, infraestructura de esas viviendas".

La ley indica que los municipios y estados deberán ayudar en la coordinación del inventario de datos a través de la creación de un banco de tierras urbanas. El diputado de la Comisión de Descentralización, Límites y Fronteras destacó que "no se establece cómo sería esa colaboración, en consecuencia, cualquier terreno que puede ser considerado de utilidad pública".

Ramírez anunció que en los próximos días presentarán a la AN consideraciones sobre las violaciones de derechos privados. La última instancia a visitar la condujo a la Sala Constitucional, de no darse una modificación.

Es ley

Las comunidades organizadas que denuncien podrán hacer el resguardo de las zonas aptas para ser declaradas de utilidad pública.

El Gobierno tendrá la primera opción preferente para obtener el terreno expropiado por él mismo.

Se obliga al Estado desarrollar viviendas.

 

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800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas

22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011

188 edificios alquilados fueron afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado a su propietario, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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