El Nacional 19-08-09

Expertos afirman que el instrumento jurídico viola gravemente la Constitución
Está amenazado el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus bienes
La Asamblea Nacional le metió el acelerador a la discusión y aprobación de la ley de terrenos urbanos

El derecho de propiedad que establece la Constitución será violado si el presidente de la República, Hugo Chávez, firma el ejecútese de la ley de terrenos urbanos, advirtió el abogado Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Terrenos Urbanos.

Ese instrumento jurídico, discutido en la Asamblea la semana pasada, y aprobado el viernes en la madrugada, fue propuesto por el vicepresidente Ramón Carrizález con el fin de regular el uso y tenencia de tierras de los centros de ciudades y municipios para destinarlas a planes sociales.

El artículo 17 de la ley de tierras urbanas establece que el Estado tendrá derecho de preferencia para adquirir terrenos que el Gobierno considere aptos, con el fin de que cumplan una función social. Orta afirma que eso viola el artículo 115 de la carta magna, que garantiza el derecho de disponer de los bienes.

"La Constitución es clara cuando garantiza la libertad que tienen las personas de disponer libremente de lo que les pertenece; eso se refiere a venderlo cuando y a quien lo deseen. La nueva ley pretende darle al Estado la prioridad en ese proceso de negociación y transacción de las propiedades urbanas", dijo el presidente de la asociación que agrupa a 278 dueños de inmuebles, la mayoría afectados por invasiones.

Advirtió sobre irregularidades con respecto al proceso que la ley establece para que el Estado se apropie de un área urbana.

"La Constitución dice que el único procedimiento mediante el cual puede despojarse a una persona de una propiedad es con una sentencia firme emitida luego de un juicio de expropiación, y pago oportuno de justa indemnización. La ley de terrenos urbanos incluye un procedimiento administrativo de una sola instancia, sin juicio de expropiación. Eso es un atentado contra el debido proceso, el derecho a la defensa y la Constitución", dijo Orta.

El abogado citó el apartado 34, que deja claro que la decisión dictada por las autoridades para apropiarse del terreno agota la vía administrativa, con lo cual el propietario no tendrá posibilidad de apelar la medida.

Invasiones ilegales. La ley otorga a la comunidad organizada la facultad de actuar como custodios de los terrenos que estos consideren sin uso. Apiur afirma que esa facultad facilita y promueve las invasiones ilegales.

"El instrumento legal permite la custodia del inmueble por comunidades organizadas antes del pago de la indemnización, sin haber terminado el procedimiento administrativo, lo cual puede generar confusiones, invasiones u ocupaciones ilegales", dijo el representante de la asociación.

Añadió que, en este caso al dueño legítimo se le está privando de la tenencia y uso de su inmueble sin habérsele asegurado el pago, con lo cual se le calculará el precio de su propiedad en una situación de indefensión, pues permite la ocupación del inmueble antes del pago, sin autorización de un juez.

Otra de las críticas de Apiur sobre la ley de terrenos urbanos es que ese instrumento pretende regular una materia que tiene diversos marcos legales, con jurisdicción que compete a municipios y estados.

"Esta ley pasa por alto una gran cantidad de ordenanzas municipales y regulaciones estadales específicas de cada entidad federal, para conferirle al Poder Ejecutivo toda la potestad para regular el ordenamiento de las ciudades", dijo Orta.