El Nacional  26 07 10

Advierten que el Ejecutivo utiliza la figura del rescate de tierras para desconocer los títulos de propiedad y no pagar las bienhechurías a los dueños. Las expropiaciones y tomas llevadas a cabo entre 2005 y 2009 aparecen reflejadas en un informe del Observatorio del Derecho de Propiedad de la asociación civil Liderazgo y Visión. Indica que los ciudadanos afectados por el Instituto Nacional de Tierras no tienen adónde acudir, ante la falta de división de poderes

El Observatorio del Derecho de Propiedad de la asociación civil Liderazgo y Visión actualizó las cifras: en su informe más reciente señala que el Gobierno ha cometido 1.119 violaciones de la propiedad privada entre 2005 y 2009. En una primera etapa, las expropiaciones o tomas se centraron en las tierras rurales. Los 189 casos registrados en 2008 subieron a 283 al cierre del año pasado, lo que equivale a un repunte de 49,73%.

Aunque se desconocía la titularidad de las tierras, en algunas ocasiones el Ejecutivo reconoció el pago de bienhechurias y mejoras que existían en las fincas y hatos. El llamado método Chaz (ChávezAzpúrua) fue un ejemplo de ello. El propósito era lograr un acuerdo amigable para el traspaso de las tierras con el pago justo a su dueño, Carlos Azpúrua. Este sistema de conciliación, sin embargo, no duró mucho.

Los procesos que se aplican desde hace dos años contra fincas productivas incluyen sólo la declaratoria de rescate, lo cual implica un desconocimiento de la cadena titulativa de las tierras, dijo Felipe Benítez, miembro del Observatorio de Derecho de Propiedad, que analiza los casos de los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Miranda y Lara.

"El rescate no es más que una forma de evadir las responsabilidades del Estado de reconocer la propiedad privada y pagar a los verdaderos dueños de las tierras", argumentó.

Ante las acciones de este tipo, emprendidas por el Instituto Nacional de Tierras, los ciudadanos no tienen adónde acudir y más cuando no existe una garantía de la división de poderes que permita tomar medidas en defensa de los débiles jurídicos. señaló.

Benítez afirmó que los casos pueden ser más porque muchas personas víctimas de medidas en contra de su propiedad no denuncian, debido a que esperan llegar a acuerdos con el Gobierno.

Destacó que ante las decisiones oficiales, las personas se sienten desprotegidas porque en muchos casos lo que predomina es la discrecionalidad de los funcionarios del INTI, aun cuando se demuestre que se cuenta con la cadena de títulos desde antes de 1835, los documentos se desconocen y se deja sin la propiedad a las personas afectadas.

"Mucha gente, por temor, no presenta las denuncias, temen que arremetan contra ellos. Pero en los últimos meses las acciones del INTI han dejado en evidencia que no existe intención de diálogo para resolver los problemas y eso ha hecho que se sumen nuevos casos: pasaron de cerca de 700 a más de 1.100", indicó.

El informe del Observatorio de Derecho de Propiedad refleja que los casos emblemáticos como las fincas de los Valles del Turbio, la zona de Aragua y Carabobo, y tierras en Yaracuy, donde el Gobierno ejecutó medidas de rescate con el alegato de que eran terrenos ociosos y baldíos de la nación, no están productivos.

Agroindustrias de salida

En el último año se han acentuado las medidas contra empresas y agroindustrias. En 2008 se reportó la intervención de 14 empresas, al cierre del año subió a 118, lo que representa un incremento de casi 743%.

La ocupación preventiva por 90 días, amparada en las leyes de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, permite que el Gobierno ejecute expropiaciones muchas veces injustificadas.

En 2009, además de la toma de las torrefactoras de Café Fama de América ­expropiada posteriormente­ y de Café Madrid, también fueron objeto de medidas contra la propiedad privada las plantas de arroz de Alimentos Polar en Calabozo, estado Guárico; de arroz parboiled de Cargill, que fue expropiada, y de Arroz Mary, ambas ubicadas en el estado Portuguesa. Igualmente la procesadora de pastas alimenticias de Cargill.

Aunque en algunas agroindustrias el Gobierno decidió plantear la expropiación y se constituyeron las comisiones de negociación, el resultado en los casos de Fama de America y el hato El Frío ha sido el incumplimiento del pago del justiprecio acordado por los peritos que hicieron el avalúo.

"Estos hechos constituyen una señal inequívoca de violación de la propiedad privada, lo que incide en la llegada de inversiones nacionales y extranjeras", alertó Benítez. Señaló que cifras del Banco Central de Venezuela y de la oficina de la Comisión Nacional para la Promoción de Inversiones, evidencian el retroceso en materia de inversiones con más de 3,1 millardos de dólares de caída.

Residencias vulnerables. El informe de la organización indica que las invasiones de edificios residenciales en la zona metropolitana aumentaron entre 2005 y 2006, cuando la Alcaldía Mayor procedió a expropiar apartamentos. Si bien ese tipo de medida implica la cancelación a los afectados, muchos propietarios siguen esperando por el pago.

De acuerdo con el informe, por cada 10 invasiones que se ejecutan, el Estado actúa en el desalojo de solo un caso. "Se está enviando un mensaje de desprotección de la propiedad urbana y de allí que la inversión en el mercado inmobiliario también haya caído en los últimos años".