El Universal 03-02-11

Estudian solicitar la nulidad de ley de Emergencia

Afirman que el texto legal no permite disponer de los bienes. Estiman inviable meta oficial de construcción de viviendas.

El Frente Nacional por la Propiedad estudia la posibilidad de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda.

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) y vocero del recién creado frente, dijo que la inconstitucionalidad del instrumento jurídico motiva una actuación jurídica.

"Es totalmente inconstitucional (...) ... ahí se podría introducir un recurso de nulidad contra esa ley y habría también que ratificar que está hecha con base a una Habilitante que también es inconstitucional", manifestó Orta en la asamblea constitutiva del Frente Nacional por la Propiedad.

Según explicó, el texto legal promulgado por el Presidente de la República viola uno de los atributos consagrados en la Constitución para la propiedad privada, que es el de la disposición. "Ningún beneficiario de alguna vivienda del Estado va a poder disponer de su propiedad y va a tener que pagarla, pero no la va a disponer. Esa propiedad familiar que se plantea es una propiedad totalmente precaria en la cual no hay disposición, sino solamente el uso".

El pasado martes Ricardo Molina, ministro de Vivienda, señaló que el texto legal contempla la "propiedad privada, la propiedad privada familiar", ya que el Gobierno nacional rechaza la "propiedad privada explotadora".

Para Orta, bajo ese esquema "no hay propiedad como tal" porque sólo se incluye la posibilidad de uso, pero no la disponibilidad del bien.

Felipe Benites, representante del Observatorio Venezolano de la Propiedad Privada, coincidió con Orta y sostuvo que la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda sólo confiere la propiedad al Estado. "Con estos conceptos se está tratando de ocultar que la verdadera propiedad sigue siendo estatal porque el Estado se queda para él el atributo de la disposición, que es el atributo más importante de la propiedad. El dueño termina siendo el Estado".

Meta cuesta arriba

A juicio del presidente de Apiur, la meta oficial de edificar 350 mil viviendas entre 2011 y 2012 será complicada de materializar con el nuevo marco jurídico y con los ataques a la propiedad privada.

"Lo veo prácticamente imposible, no están dándole cabida al sector privado, hay escasez de materiales, no hay terrenos urbanizados".

En este sentido precisó que la ley que regirá el tema de la vivienda sólo fomenta la construcción de soluciones habitacionales a través de empresas mixtas o comunales.

"Esta ley de emergencia de vivienda promueve la construcción de viviendas a través de empresas mixtas, pero no le da cabida al sector privado de la construcción. Se está planteando una sustitución y así no se va a solventar".

Igualmente, Orta cuestionó el manejo del Gobierno nacional con el texto legal que regulará los arrendamientos y alquileres. "Supuestamente hay una consulta popular, pero ninguna consulta puede obviar a los propietarios de las viviendas y una ley inquilinaria tiene que ser discutida con los inquilinos".

El directivo exhortó a las autoridades a retomar el proyecto de ley que se discutió entre 2007 y 2009 y que contó con la participación de diversos actores relacionados con el tema del alquiler de viviendas y el negocio inmobiliario.