Ceinpro 02-02-09. Gerardo Hernandez

En los últimos años nos hemos referido profusamente al proceso de hostigamiento del Estado contra la propiedad privada víctima de atropellos que no tienen límites. Con la pretensión de imponer su modelo socialista el gobierno ha sido implacable en la confiscación de fábricas y hatos productivos, en la estimulación de invasiones y en la posterior expropiación de edificios, viviendas y terrenos urbanos, pasando sobre la Constitución y las leyes, sin medir consecuencias, ni aminorar la marcha hacia el caos.  

    Los ideólogos de la revolución insisten en que las bases del socialismo descansan en el trabajo, y no en la apropiación de bienes producidos con el trabajo de muchos para beneficiar paternalmente a unos pocos. Igualmente predican dar mayor poder al pueblo, pero cuando ese pueblo se manifiesta en desacuerdo desconocen su voluntad. Las agresiones contra el Palacio de Gobierno de la Alcaldía Metropolitana demuestran la intolerancia de un minúsculo grupo que pretende imponerle sus pensamientos a la gran mayoría. Pero lo ocurrido en el conjunto residencial Terrazas de la Vega, el principal proyecto de viviendas de interés social con recursos de la Ley de Política Habitacional en Caracas, rebasa los parámetros de la indefensión y de la inseguridad jurídica que campean por doquier. Doscientos setenta apartamentos fueron invadidos la víspera del nuevo año en un acto que por su naturaleza no descarta la incursión de agitadores de oficio que se aprovechan del drama humano.

    Si la generalidad de los actos de apoderamiento de bienes ajenos ha obedecido a  la matriz del enfrentamiento de clases, en el caso de Terrazas de la Vega se pierde ese objetivo, y tenemos de manera injusta una colisión de pueblo contra pueblo. Terrazas de la Vega se construye desde 1998 con el propósito de dar nuevo uso a los viejos terrenos de la mina Cementos La Vega, al estilo de la exitosa experiencia de Ciudad Casarapa, en Guarenas, y de referencias europeas como la reconversión de la estación ferroviaria de Chelsea, en Inglaterra, o el Museo D'Orsay, en Francia. Consta de 44 edificios para casi 4.000 apartamentos, con áreas escolares, comerciales, sociales, recreativas, y alternativas viales. Sus adquirentes son familias que tampoco tienen donde vivir, personas de trabajo que con mucho esfuerzo lograron pagar la cuota inicial, obtener su crédito y cumplir las normas para adquirir su vivienda. Pero no basta ser fiel observante de la ley si en estos tiempos de inseguridad jurídica siempre va a ser transgredida.

    Para defender nuestros derechos tenemos que organizarnos y exigir a los poderes públicos su inmediata actuación en la restitución de los derechos infringidos, y mantener informados a los medios de comunicación cada vez que se cometan excesos. No habrá conquista posible que trascienda en el país sin la férrea conjunción de voluntades. Los legítimos compradores de Terrazas de la Vega deberían constituirse, junto a los dolientes de otras invasiones complacientes, en un grupo organizado que obtenga firmas para proponer leyes específicas que obliguen al ejecutivo a restituir el estado de derecho, desalojar a los tomistas, y destituir a funcionarios que no aplican la ley. También ese grupo organizado puede implementar el envío de correspondencia masiva a la Asamblea Nacional, al Poder Moral, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo acciones inmediatas.

    No se puede permitir que un grupo invada una propiedad privada y los poderes públicos, supuestos garantes de los derechos constitucionales, se crucen de brazos. Basta de tanto abuso. Si el gobierno nacional no actúa se convierte en cómplice de los delitos y no merece seguir en funciones públicas. Si la estrategia del Gobierno es mantener encendido el país, la inmensa mayoría de los venezolanos no tolerará la anarquía promovida desde su seno. Combatamos esa estrategia con las formas de protesta no violentas; recojamos firmas para revocar a funcionarios públicos indolentes; saquemos de la Asamblea Nacional, por medios constitucionales, a quienes abusan de su posición y no resuelven ingentes problemas (inseguridad y vivienda entre otros).  Por lo pronto, este mes tendremos que enfrentar un nuevo intento de mantener este enfrentamiento estéril entre venezolanos. Es nuestra insoslayable responsabilidad como patriotas rechazar la propuesta de manera contundente, y así lo haremos.