Este lunes 02 de noviembre, fue entrevistado en el noticiero meridiano de Venevisión, Roberto Orta, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), quien conversó sobre la providencia dictada por el Instituto de Patrimonio Cultural, en la cual se declaran como Patrimonio Cultural, más de 2000 inmuebles ubicados en Caracas.

Informó que los propietarios de dichos inmuebles han mostrado su preocupación en cuanto a si podrán vender dichas propiedades en un futuro.

Orta indicó que según la providencia, los propietarios están obligados a notificar su decisión de venta del inmueble al Estado a través de una planilla que deberán llenar y llevar al instituto de Patrimonio Cultural, ubicado en Caño Amarillo, “este procedimiento puede durar cinco días hábiles”, acotó.

Además, señaló que los propietarios que vivan en inmuebles protegidos como Patrimonio Cultural, deberán contar con un permiso de Ingeniería Municipal si desean hacerle alguna remodelación.

En el caso de urbanizaciones completas, los propietarios podrán vender sus viviendas sin ningún problema. “Como ejemplo se puede tomar a un complejo de edificios ubicados en El Paraíso, los cuales fueron mencionados de manera genérica en la Gaceta Oficial y estos no se verán afectados al momento de la compra-venta”, dijo.

Esta providencia está basada en una Ley de Defensa del Patrimonio Cultural existente desde 1993.

Orta comentó que la información sobre este caso se podrá encontrar en la página www.ipc.gov.ve.

En otro orden de ideas, Orta habló sobre la Ley de Tierras Urbanas, indicando que esta ley en Venezuela “fue aprobada violando el proceso que dicta la Constitución, y que fue promulgada por el presidente Hugo Chávez, con la modificación de cuatro artículos, sin hacer parlamentarismo de calle, ni consulta al pueblo”. A juicio de Orta, “esta ley es ilegítima”.

Asimismo, calificó como “grave” el artículo 17 de la Ley de Tierras que “se presenta favorable a la República, que podrá adquirir tierras urbanas e indicó que esto es una agresión a la propiedad privada ya que no indican como el Estado manejará el derecho de preferencia y se creará confusión evidente en los ciudadanos”.

Destacó que muchos artículos pueden llegar a confundir a la población, como el número 33, donde establece que la comunidad organizada podrá actuar como custodios de las tierras y puso como ejemplo el caso de la Urbanización Terrazas del Caroní “donde un grupo de invasores pretenden tomar terrenos de propiedad privada”.

En el caso de las expropiaciones, el proceso legal a seguir es a través de un juicio, dando un lapso de 30 días hábiles a los propietarios, indicó que en el artículo 15 “no hablan en ningún momento del lapso en el que se le indemnizará a los propietarios, si se da una expropiación”.

De igual forma ratificó que “la congelación de alquileres de viviendas ha traído gravísimas consecuencias, disminuyendo el alquiler gracias a la medida”.

“Muchos propietarios de edificios antiguos en la ciudad se han visto afectados con la congelación de alquileres al no poder remodelarlos, por falta de recursos”, precisó Orta.

Finalmente, hizo una invitación al Gobierno a sentarse a trabajar con las empresas privadas para solventar los problemas habitacionales.