Tal Cual 17 07 10

El Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar alerta al país de la amenaza que se cierne sobre los bienes de los venezolanos por leyes y acciones que conducen al comunismo.

Mediante un manifiesto, el Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar alertó que el patrimonio de cada uno de los venezolanos se encuentra seriamente amenazado por un sin número de leyes, acciones y decisiones violatorias de la Constitución Nacional y del estado de Derecho en el país.

La candidata de la Unidad a la Asamblea El comunicado, dirigido a todo el pueblo de Venezuela y firmado por unas treinta organizaciones no partidistas, rechaza "que la propiedad privada sea erradicada o sustituida por una mal concebida propiedad colectiva, implementada a la fuerza". Y sentencia: "Si no hay garantía de la propiedad privada, no puede haber estabilidad en ningún país del mundo".

El movimiento nacional plasma en papel lo que es el sentir de la gran mayoría de los venezolanos, al asegurar que 95% de los ciudadanos rechaza la idea de perder los bienes propios que soportan el patrimonio de la familia venezolana. De igual forma, recuerda que la propiedad privada está consagrada en el artículo 115 de la Constitución nacional.

"Los venezolanos defendemos lo que hemos logrado, lo que hemos bregado, lo que hemos heredado y lo que disfrutamos con mucho derecho", se concluye.

COMPROMISO UNITARIO
La candidata de la Unidad a la Asamblea Nacional por la lista de Distrito Capital, Carmen González, se lamenta de la grave situación de la vivienda en Venezuela, y más en la capital del país.

"El sector Nueva Esparta, de la parroquia Sucre, está en proceso de hundimiento; se cayeron unas viviendas la semana pasada con las lluvias", dice, por mencionar una de las vicisitudes en materia de vivienda. A la dirigente del MAS le preocupa, también, el tema del inquilinato.

"Con la nueva Ley de Inquilinato que propugna la propiedad social, a cualquier persona le pueden quitar los apartamentos, si los consideran de utilidad pública por estar inutilizados".

Los candidatos de la Unidad están comprometidos con garantizar, desde la Asamblea Nacional la propiedad privada. González aseguró que, además, los diputados por la Unidad Democrática impulsarán leyes que protejan la inversión y a los industriales.

En las propuestas sociales de la Alternativa Democrática en su programa "100 Soluciones para la Gente" , están presentes al menos trece planteamientos para lograr que la mayoría de los venezolanos obtenga viviendas confortables y dignas.

Los aspirantes unitarios al próximo Parlamento tienen en su agenda común un Proyecto de Ley de Formalización de la Tenencia de la Tierra en propiedad pura y simple, a los fines de otorgarle el derecho de propiedad sobre aquellas tierras del Estado a los ciudadanos venezolanos, para propiciar el desarrollo de sus viviendas o facilitar el trabajo agropecuario.

TESTIMONIOS
Tulio Parra: "Vivo en Nueva Tacagua, una zona en desalojo desde hace más de diez años. Tengo mi vivienda propia pero estoy esperando la reubicación. Nos tienen olvidados y abandonados. Por desconocer las leyes, muchas veces somos ignorados en ese sentido. Esperamos que nos den una vivienda digna y en mejores condiciones que las que tenemos. Pienso que en la AN que debe haber diversidad para que puedan parlamentar de forma diferente y que nos tomen en cuenta".

Lilibeth Piñate: "Tengo un apartamento en Guarenas que, como familia, ya nos queda pequeño. Quiero algo más grande, pero es un lío eterno comprar algo a través de la Ley Política Habitacional. Particularmente en los satélites de Caracas, que es un área en expansión, hay un déficit de viviendas a bajo costo, las cuales el Gobierno debería construir. Los próximos diputados deberían revisar el tema de los subsidios".

Milagros Mago: "Vivo actualmente con mis padres en la urbanización La Tahona, municipio El Hatillo, estado Miranda. Los precios están carísimos y los salarios bajos. Para mi no es posible alquilar y mucho menos comprar, pese a que trabajo como abogada. Creo que es necesario una ley que ayude a los jóvenes a adquirir viviendas con una tasa de interés baja".

Marisol Zambrano: "Tengo 23 años y cuatro hijos. Vivo en "un ranchito" en Brisas de Propatria, en el sector Cruz Baja. Me siento cómoda en lo que vivo, tengo mi terrenito; pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela con la situación de la vivienda, porque somos un país muy rico y deberíamos todos tener vivienda propia. Sería bueno que la próxima Asamblea Nacional se pusiera de parte de nosotros. Yo, a pesar de que vivo en un rancho, estoy bien, pero tengo vecinos que se encuentran en condiciones infrahumanas".


Al presidente de la CIV no le cabe duda de que esta nueva dinámica legal agudizará el deterioro de un sector afectado por expropiaciones, escasez de materiales (cabillas, cemento, etcétera) y retardo en la tramitación de permisos. La incertidumbre, asegura, ha mermado las inversiones, en medio de un proceso recesivo que fulminó la construcción a -7,8% en el primer trimestre del año.

Martini pide reglas claras y más financiamiento para la construcción, a los fines de frenar el ascenso del déficit habitacional, que ya sobrepasa los 2 millones de viviendas.
Y aunque desde la AN se da por hecho la aprobación de la reforma a la Ley de Arrendamiento, la diputada Laura Valls, quien llevó adelante la redacción del proyecto en la subcomisión de Vivienda y Hábitat, lo descarta.

En opinión de la legisladora del PPT (partido que dejó de ser considerado aliado del chavismo), sus colegas pesuvistas hacen anuncios “electoreros”, alejados del texto aprobado en primera discusión.

Valls denunció que la vicepresidencia del parlamento, a cargo de Darío Vivas, decidió quitarle la ley a la subcomisión y le hizo cambios. “Las declaraciones (de Vivas) han causado un gran perjuicio al sector”, dijo al aseverar que durante dos años se logró consensuar con todas las partes involucradas “un articulado que respeta todas las condiciones”.

Carlos Espinoza (Psuv), presidente de la Subcomisión de Vivienda, confirmó el retiro del instrumento de la instancia a su cargo, y aunque aseguró desconocer los motivos, afirmó que la versión aprobada buscaba proteger a los inquilinos y no imponía obligaciones a la venta de viviendas alquiladas.

Valls refirió que, en principio, se convino una propuesta que viabilizaba las llamadas ventas globales de inmuebles alquilados por muchos años, pero “siempre que el propietario quisiera vender”.

Descongelamiento

El titular de la CIV refirió que el primer año del trienio 2005 - 2008 (período en el que las leyes permanecieron sin cambios) se proyectó la construcción de 20 mil viviendas, y luego, en el lapso completo, se alcanzó la ejecución de 120 mil, muchas más de las estimadas.

El avance logrado en tres años -acotó Martini- fue frenado en 2009, tras las primeras reformas que mermaron la construcción y la oferta de renta. En este último mercado - reiteró- la distorsión se arrastra desde 2003, cuando el gobierno congeló los alquileres (en viviendas construidas antes de 1987), pese a que la inflación acumulada en estos siete años ronda 370%.

La diputada Valls concuerda con el dirigente empresarial en la necesidad de revisar el congelamiento, pues considera que éste restringe aún más el acceso a viviendas de alquiler.

primera opción y con inicial paga

En los artículos 71 y 72 del proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos, aprobado en primera discusión por la AN, se reglamenta “la preferencia ofertiva global”, como derecho que mantienen los arrendatarios a ser los primeros en optar a la compra si el propietario decide vender su inmueble. Pero la nueva propuesta no sólo preserva esa regla preferente, sino que también obliga a los dueños, si el inmueble tiene más de 20 años arrendado, a aceptar el monto total de alquileres (cancelados en ese lapso u otro mayor por el arrendatario) como parte de la cuota inicial de la venta.

Datos sueltos

En 2004, el Ejecutivo creó el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Cinco años después, en 2009, el presidente Chávez dispuso la fusión de ese despacho con el de Infraestructura para crear el de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi). Y hace menos de un mes el mandatario suprimió esta última cartera para crear el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y, de nuevo, el de Vivienda y Hábitat.

El extinto Mopvi informó que el sector oficial construyó 3 mil viviendas en el primer trimestre de este año. El reporte confirma cifras del BCV que revelan una caída de 16,6%, entre enero y marzo, de la construcción pública. Ese porcentaje es ligeramente inferior al 18% de descenso registrado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) en la construcción estadal y privada, pues de acuerdo con el gremio, en estos meses iniciales se edificaron 14 mil casas, versus 17 mil del mismo lapso de 2009.

La CIV indica además que 100 mil viviendas, cuya construcción se inició en 2007, aún están en ejecución. De este total, unas 70 mil son desarrolladas por privados.

60 por ciento es la caída que registra el sector privado en las solicitudes de permisos para desarrollar complejos habitacionales. Estadísticas de la CIV señalan que en el primer trimestre de 2009 se tramitaron autorizaciones para intervenir 2 millones de metros cuadrados, mientras que en el mismo lapso de este año se contaron 800 mil m2.

A mediados de mayo, voceros de la banca privada anunciaron la de- cisión de suspender, “hasta nuevo aviso”, la recepción de solicitudes para préstamos hipotecarios. La razón: los bancos ya agotaron los recursos obligatorios (10% de su cartera crediticia) para financiar compra de vivienda. Además, se reportan largas esperas para optar al llamado crédito de política habitacional, con cargo al Fondo de Ahorro Obligatorio (FAO), que se nutre del ahorro de patronos y trabajadores.