05-11-09 Prensa CIV

Declaratoria de Bienes Culturales limita ejercicio de los atributos de la propiedad y adopta la figura del “corralito” vivido por los argentinos, dijo Irma Lovera de Sola.

La Ley de Tierras Urbanas viene a cerrar el círculo perverso contra la propiedad privada convirtiéndose en la culminación de este proceso que comenzó en Julio del 2008, señaló Francisco Neri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), durante el foro que evaluó las consecuencias que para el sector y la sociedad tienen la Ley de Tierras Urbanas y la declaratoria de Bienes Culturales aplicada en Caracas, pero que igual se extenderá al país. En ella se ven reflejadas las normativas anteriores, inconstitucionales, además de arbitrarias, para la toma de terrenos, y medios de producción en contravención a la Constitución, y nos afectan a todos por igual, puntualizó.

Dinorah Moreno, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CIM), expuso que la Ley de Tierras Urbanas crea falsas esperanzas de que vamos a ver resuelto el problema habitacional. Va a incrementar la crisis de vivienda porque estas normativas crean incertidumbre y no van a incentivar a los promotores a generar nuevos desarrollos. Va a permitir al gobierno eliminar las viviendas que considere en alto riesgo sin ningún tipo de plan para ver de que manera se pueden sustituir, y las personas que viven en esos sectores serán las más afectadas. Además están estimulando la anarquía con invasiones y ocupaciones, y vulnera las facultades de planificación de las instancias locales, municipales o estadales.

En su exposición el abogado Juan Raffalli indicó que la Ley debió ser consultada porque presenta muchas lagunas y muchísimas confusiones. De hecho el Estado tiene una amplísima facultar para determinar que bienes están afectados, y cuales no, a través de un procedimiento muy expedito en el cual las partes tienen sólo 10 días para alegar y probar que esa tierra urbana no está deteriorada, no está en ruinas o no está en condiciones de uso. El Estado tiene el derecho de preferencia y puede dictaminar una ocupación previa.


-La legislación aprobada es violatoria de la Constitución, por cuanto el Presidente de la República cambió cuatro artículos después de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional y se saltó el paso de enviarla de nuevo a la AN para que el Parlamento hiciera los cambios y no el Ejecutivo, puntualizó el abogado Roberto Orta Martínez, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).

Lo que más preocupa es el referido a que una comunidad organizada puede ocupar un terreno para evitar la invasión, sin determinar que tipo de grupo u organización tendrá esa competencia.


“Corralito” Cultural
La Dra. Irma Lovera de Sola se refirió a la declaratoria de Bienes Culturales, ejercida por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) en Providencia Administrativa. Significa una severa limitación en el ejercicio de los atributos de la propiedad como son el uso, disfrute y disposición. Al ser declarado bien de interés cultural el inmueble no se va a poder demoler o transformar, y para venderlo hay que notificar al IPC, pero ese instituto tiene la potestad de responder a la solicitud o guardarla en una gaveta. Es el equivalente al corralito financiero que existió en Argentina cuando la gente no podía disponer de su dinero depositado en los bancos. Bueno, este es un corralito cultural.


Añadió que la Ley de Defensa del Patrimonio Cultural no prevé ningún tipo de compensaciones, pero se podría tramitar a través de los municipios o del propio IPC alguna forma de compensación, por lo menos para el mantenimiento y restauración de esos inmuebles. El Art. 19 de la Ley establece la preferencia del Estado en los casos de remate judicial de inmuebles, y el Art. 42 señala que si el propietario no logra demostrar fehacientemente la propiedad del inmueble éste pasa sin compensación alguna a custodia del Estado; se queda sin el inmueble y sin el dinero.


El Foro organizado por la CIV y la CIM contó con el patrocinio de la franquicia inmobiliaria Century 21, El Universal, tus metros.com, tu inmueble.com, y de la Sociedad de Ingeniería de Tasación (Soitave). La representante de esta última institución, Arq. María Emilia Pereira, se refirió al valor del patrimonio cultural vs. Valor económico patrimonial.
La urbanista Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, hizo una cerrada defensa a la ciudad y a la calidad de vida de sus habitantes. No se necesitan tantas normas y leyes, sino gestionar la ciudad en forma óptima





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