| Ley de Tierras Urbanas generará caos en los municipios |
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| Jueves, 20 de Agosto de 2009 06:22 | |||
El Carabobeño 19-08-09 Enzo Scarano, alcalde de San Diego.(Foto Rafael Garantón) Moisés G. Hernández Valencia, agosto 19 (REDACTA).- Si de algo están seguros los alcaldes de San Diego y Naguanagua, Enzo Scarano y Alejandro Feo La Cruz, respecto a la Ley de Tierras Urbanas, es que generará un caos en Venezuela, debido a su ambigüedad y el poder que le otorga a cualquier ciudadano de calificar como baldío o en desuso algún bien inmueble. La LTU fue sancionada por la Asamblea Nacional la madrugada del viernes 14 de agosto, pero aún no ha sido promulgada por el Presidente de la República. La segunda discusión apenas duró tres horas y los diputados la aprobaron junto con la Ley Orgánica de Educación. La normativa tiene por objeto “regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, a los fines de establecer las bases para el desarrollo urbano y la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda digna en las zonas urbanas”. Los aspectos más resaltantes de esta ley son, que le otorga el derecho de preferencia al Estado en la compra de las tierras urbanas, se elimina la declaratoria de utilidad pública y permite la custodia del inmueble antes del pago de la indemnización. Legitimidad a las invasiones San Diego -municipio de alto desarrollo inmobiliario- no ha escapado a las invasiones. Emblemático es el caso de los terrenos de La Caracara, en donde la alcaldía tenía prevista la construcción de viviendas hace aproximadamente cuatro años. La LTU establece en su artículo 33 que “la comunidad organizada del lugar donde se encuentre ubicada la tierra urbana cuestionada, actuará como custodio de las tierras en proceso y las que hayan sido declaradas sin uso, a fin de asegurar el bien de posibles invasiones”. De acuerdo con el alcalde Scarano, esta ley abre las posibilidades para que continúen las invasiones. Y aunque aclaró que hay consejos comunales “muy buenos”, también hay otros que se constituyeron “para enriquecerse”. Por eso, según el mandatario, no sería extraño que la custodia de terrenos sea usada para vender parcelas y estafar a las personas que necesitan una vivienda. Esta anarquía generará un caos en San Diego, a la vez que le restará competencias al ayuntamiento en cuanto a planificación municipal, según el mandatario. De esta manera, según el mandatario, el Gobierno podrá construir viviendas sin ningún tipo de previsiones, como ocurrió con las ciudadelas “Valencey” y “Bernardo Núñez” que se inundan cada vez que llueve. La LTU indica que las tierras urbanas “aptas para el desarrollo de programas sociales de viviendas”, son aquellas que están sin usar (artículo 6). Scarano precisó que en el municipio no hay terrenos baldíos, y observó que el Gobierno Nacional no debe convertirse en constructor de viviendas, sino en promotor de esta actividad. Desarrollo truncado El alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, sentenció que esta norma generará “incertidumbre y desconcierto”, porque en el texto se propicia la anarquía. Aunque aseguró que este municipio es menos vulnerable porque, además de no contar con ejidos, son muy pocos los terrenos urbanizables que quedan, el alcalde consideró que la ley retrasará el desarrollo debido a su ambigüedad. El alcalde de Naguanagua asomó que la LTU impactará contra el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), porque desde un ente centralizado se impondrán criterios por encima de los estudios urbanísticos hechos por la alcaldía. Feo La Cruz y Scarano, únicos alcaldes carabobeños no afectos al Gobierno central, coincidieron en que los terrenos vacíos son necesarios para el crecimiento de los municipios. Ley peligrosa El alcalde Scarano cuestionó que la opinión pública está más pendiente de la Ley Orgánica de Educación que de la LTU, la cual considera mucho más perniciosa. El mandatario destacó que “el Gobierno ha planificado muy bien. Nos ha distraído a todos con la Ley de Educación y verdaderamente la que afecta a todo el pueblo y la propiedad privada es esta Ley de Tierras Urbanas que (los diputados) aprobaron calladitos. Esa es la ley peligrosa, porque la Ley de Educación puede ser revocada en cualquier momento, o no ser acatada por todos los padres y representantes de cada una de las escuelas de todo el país”.
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El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.
En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.
En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.
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