El Nacional 31-03-10

Una inesperada definición de socialismo en el Reglamento de la Ley del Consejo Federal de Gobierno -publicado en la Gaceta Oficial del 9 de marzo ha vuelto a encender las alarmas sobre la vigencia de la propiedad privada en Venezuela.

El artículo 3 de dicho reglamento indica:"El socialismo es un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades materiales e intangibles de la sociedad que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social de los bienes sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que las familias y los ciudadanos posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar, y ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales".

Se excluye la "disposición" como atributo de la propiedad, tal como está establecido en el artículo 115 de la Constitución: "Toda persona tiene derecho, al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes".

Surgen preguntas elementales: ¿si un ciudadano no puede disponer de sus bienes realmente es propietario de ellos? Por ejemplo, ¿podría vender o alquilar su vivienda? Alfredo Murga, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, asegura que no hay razones para alarmarse: "Tu puedes vender o alquilar tu casa cuando te de la gana y el Estado no te lo puede impedir".

El diputado explica que lo único que está planteado es la afectación de los medios de producción, para que pasen a ser de propiedad privada a propiedad social.

En todo caso, Murga también advierte que las garantías constitucionales sobre la propiedad pueden variar a mediano plazo: "Aquí no hay nada oculto. El Presidente de la República ha dicho que la construcción del socialismo está en fase transitoria. Nosotros tenemos toda la intención de generar un gran debate a propósito de los contenidos fundamentales de la Constitución".

Reforma en dosis El asunto es tan espinoso que la Asamblea Nacional ha engavetado el proyecto de ley de propiedad social. "Para que no genere ruidos", dice Murga, quizás tomando en consideración la coyuntura electoral.

En todo caso, el Gobierno ha persistido en imponer los contenidos de la reforma constitucional que fue rechazada en el referéndum del 2 de diciembre de 2007. Esa reforma incluía cinco tipos de propiedad: 1) pública, como aquella que pertenece a los entes del Estado; 2) social, que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones, y que puede ser ejercida indirectamente por el Estado o directamente por las comunidades, bajo las modalidades de propiedad comunal o propiedad ciudadana; 3) colectiva, perteneciente a grupos sociales "para su aprovechamiento, uso o goce en común"; 4) mixta, constituida por sectores públicos y privados; y 5) privada, que pertenece a personas naturales o jurídicas sobre bienes de consumo y medios de producción "con los atributos de uso, goce y disposición".

Las suspicacias se mantienen por el parecido de las llamadas leyes revolucionarias que el presidente Hugo Chávez ha exigido a la Asamblea Nacional con el ordenamiento jurídico cubano.

El artículo 15 de la Constitución cubana establece que los medios de producción son de "propiedad estatal socialista de todo el pueblo" y no pueden transmitirse a particulares. El artículo 21 garantiza la propiedad personal "sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, sobre la vivienda que se posea con justo titulo de dominio y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona".

En cuanto a la vivienda es claro que en Cuba no existe mercado inmobiliario. Las transacciones se limitan a la llamada permuta, mediante la cual se canjea una vivienda por otra.