El Universal.com 02-02-09

Propiedad social en medios de producción es "lo relevante" para el Ejecutivo nacional

El Presidente propuso para la Constitución que el aprovechamiento, uso o goce en común de bienes sea para la propiedad colectiva (Nicola Rocco)
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* Episodios sin Ley

En zonas rurales o urbanas, sin distingo, se ha sentido el deterioro progresivo del respeto hacia el derecho a la propiedad a través de las innumerables invasiones y violaciones ocurridas con los más diversos motivos; aun cuando este derecho aparece consagrado en la Constitución Bolivariana.

Pero los embates más directos -incluso de rango legal- contra la propiedad y sus atributos, provienen de las propias esferas del Gobierno: primero a través de la rechazada propuesta de reforma constitucional; luego con varios decretos ley dictados en el marco de la Ley Habilitante; y de manera más amplia y a mediano y largo plazos, con los lineamientos contenidos en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007- 2013, aprobado por el presidente Hugo Chávez y el Consejo de Ministros.

Lo sustancial El Primer Plan Socialista señala que en función de la suprema felicidad social "las relaciones sociales de producción del socialismo están basadas en formas de propiedad social, que comprenden la propiedad autogestionaria, asociativa y comunitaria; permaneciendo formas de propiedad individual y pública".

Y aunque las "formas de propiedad individual" permanecerán, paradójicamente el mismo Plan Socialista afirma que "la política de inclusión económica y social forma parte del sistema de planificación, producción y distribución orientado hacia el socialismo, donde lo relevante es el desarrollo progresivo de la propiedad social sobre los medios de producción".

En pocas palabras, la política de inclusión del modelo socialista no fija ningún incentivo para la propiedad individual o privada, enfocando la atención y las preferencias de los recursos del Estado en la "propiedad social".

La pérdida de relevancia de la propiedad privada bajo el socialismo del siglo XXI incluso afecta, en la práctica, los atributos que la propia Carta Magna establece: uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad; términos que ya se intentó eliminar con la propuesta de reforma constitucional.

La iniciativa de cambio constitucional del presidente Hugo Chávez de 2007 sostenía que la propiedad privada es "aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos". En esta inicitiva de modificación a la Constitución Bolivariana, sólo la propiedad colectiva (de grupos sociales o varias personas) tenía atributos como "aprovechamiento, uso o goce en común". La propuesta de reforma rechazada también incluía la propiedad pública, la social (directa o indirecta) y la mixta.

Y como broche de cierre a la sumisión de las figuras privadas ante el Estado, se propuso reformar la Carta Magna para establecer que los órganos del Estado puedan "ocupar previamente, durante el proceso judicial, los bienes objeto de expropiación" en caso de declaratoria de interés público social.

No obstante, bajo el argumento de carácter estratégico, el Gobierno nacional ha emprendido expropiaciones o "compras concertadas" de empresas del sector alimentos, cementeras, telecomunicaciones, servicio eléctrico y hasta una demorada negociación por el Banco de Venezuela.

No con votos, sí con decretos Por la vía del decreto habilitante llegaron nuevas políticas del Estado respecto a la propiedad. La Ley para la Promoción de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Producción Social considera que "es necesario transformar el modelo socioproductivo, basado en las pequeñas y medianas industrias y unidades de propiedad social".

Además, la Ley de Desarrollo de la Economía Popular contempla las formas de propiedad rechazadas por los votos en 2007.

Ernesto J. Tovar
EL UNIVERSAL