Tal Cual 19-08-09

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos solicitó al Ejecutivo que devuelva la Ley de Tierras Urbanas al Parlamento, pues la consideran "ilegítima"

La recién aprobada Ley de Tierras Urbanas es "ilegítima" porque contiene "graves violaciones" al derecho de la propiedad privada, denunció ayer la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur). Por eso cree que el Ejecutivo, en vez de promulgar esta legislación, debe enviarla de regreso a la Asamblea Nacional para que la modifique.

"Le pedimos al Ejecutivo que no la promulgue y al Parlamento que se tome tiempo para evaluar más a fondo el tema", dijo Raimundo Orta, presidente de Apiur. Recordó que la Ley de Tierras Urbanas fue aprobada de manera muy precipitada por los diputados y, además, sin consultar a ninguno de los actores involucrados.

El plan B, en caso de que el presidente Hugo Chávez no atienda la solicitud y promulgue la legislación, es recurrir al Poder Judicial. "Apiur y otras organizaciones vinculadas al tema de la propiedad y al sector inmobiliario solicitarán un recurso de nulidad al Tribunal Supremo de Justicia", informó Roberto Orta, vicepresidente de la asociación.

Los directivos de Apiur indicaron que los propietarios de terrenos urbanos también podrán acudir al TSJ, en forma individual, para solicitar un amparo constitucional contra esta ley; que ­en su opinión­ les quita el derecho a disponer libremente de su propiedad e incluso a recibir un pago justo en caso de que ésta sea expropiada por causa de utilidad pública.

LEY INCONSTITUCIONAL
En Apiur reconocen que el Estado tiene derecho a expropiar un terreno siguiendo los métodos previstos en las normativas vigentes, pero estiman que la Ley de Tierras Urbanas va más allá. Reiteran que la legislación vulnera principios constitucionales como el derecho de propiedad, el pago oportuno de justa indemnización y el debido proceso.

El artículo 3 está entre los más reñidos con el marco legal vigente, precisó Roberto Orta, pues declara de utilidad pública cualquier tierra urbana sin uso. Es decir, suprime el requisito ­establecido en la Ley de Expropiación­ de que los órganos legislativos hagan esta declaratoria antes de que el Ejecutivo nacional, regional o municipal decrete la expropiación.

Orta también cuestiona el artículo 6, que indica que son susceptibles de ser expropiadas las tierras abandonadas por sus propietarios, sin edificar o "cualquier otra que así determine el Ejecutivo nacional". El vocero de Apiur precisa que este artículo otorga discrecionalidad total al gobierno para decidir sobre los terrenos sin uso.

Igual de discrecional ­agrega­ es el artículo 16, que permite expropiar edificaciones deterioradas.

"¿Quién determina eso?", preguntó. Lo mismo sucede con el apartado 17, que obliga a propietarios que quieran vender sus terrenos a ofrecerlos primero al Estado. "No se establece cuánto tiempo tiene el gobierno para responder y qué pasa si no lo hace".

TERRENOS EN LA MIRA
Los voceros de Apiur no descartaron la posibilidad de que la Ley de Tierras Urbanas sea utilizada por el gobierno para adueñarse de terrenos cuyo uso ha sido criticado por voceros oficiales en años recientes, como los campos de golf o los estacionamientos.

Pero consideran que es demagógico afirmar que dichas tierras están siendo subutilizadas. "Los estacionamientos son terrenos que se usan con fines comerciales y que prestan un servicio público muy importante para las principales ciudades del país", indicó Roberto Orta.

Sobre los campos de golf, Raimundo Orta destacó que son áreas verdes de uso deportivo y que contribuyen a brindar el aire fresco que los habitantes de toda urbe necesitan. "Sería demagógico quitarle el pulmón vegetal a una ciudad para construir viviendas".

Los directivos de Apiur alertaron que la legislación no sólo perjudica a los propietarios de éstos u otros terrenos susceptibles de ser expropiados. "Se verá afectado el pueblo en general, pues la inseguridad jurídica afecta el inicio de nuevos proyectos de construcción".