El Mundo 03-02-11

"Queremos participar en hacer nuevas leyes, igual al Movimiento de Pobladores"

Felipe Benites. Director del Observatorio de la Propiedad/ Vocero del Frente Nacional por la Propiedad "El Estado debe entregar los títulos de propiedad de las viviendas sociales"

22 mil invasiones rurales y urbanas existen en el país actualmente, según datos de Apiur. Sharay Angulo
Un total de 30 organizaciones civiles, vecinales y sociales lanzaron ayer el Frente Nacional por la Propiedad, para "defender este derecho constitucional y oponerse a las violaciones que ha emprendido el Gobierno nacional contra la propiedad privada", según informó Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), una de las integrantes del comité promotor.

El Frente Nacional por la Propiedad se opone a la nueva Ley Orgánica de Emergencia para Vivienda y Terrenos Urbanos, a la ola de invasiones y expropiaciones que se han desatado en el país, y a la reciente orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender los procesos de desalojos habitacionales, entre otros.

Orta dijo que "la Ley de Emergencia ataca de manera directa el derecho a la propiedad, porque establece un procedimiento expreso de expropiación en el que no se garantiza la indemnización y se obvia el proceso judicial que establece el artículo 115 de la Constitución, para sustituirlo por uno meramente administrativo".

Lo más grave de la nueva normativa, en opinión del vocero de Apiur, es "que a cualquier venezolano que sea adjudicatario de alguna vivienda de interés social se le cercena su derecho a disponer de ella, bien sea venderla, alquilarla, donarla o hipotecarla. Por tanto, nunca aumentará su patrimonio, ni será su propietario".

Específicamente, en el numeral 4 del artículo 8 de la Ley de Emergencia se establece como uno de los deberes de los "adjudicatarios" de viviendas "abstenerse de realizar actos de disposición parcial o total de los derechos adjudicados, tales como: venta, donaciones, alquileres, cesiones o constituciones de hipotecas".

En la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda existe una limitación de cinco años para no vender los inmuebles adquiridos con subsidio estatal, y de hacerlo antes de ese lapso debe reintegrarse el monto recibido.

"En la nueva Ley de Emergencia para Vivienda esta limitación se volvió indefinida", según Orta.

Títulos para la gente

Una de las peticiones del nuevo frente de defensa de la propiedad privada es que "el Estado garantice y entregue los títulos de propiedad de las viviendas sociales a los ciudadanos, y de la tierra a los campesinos", acotó el abogado.

Orta explicó que "mientras anteriormente el Conavi sí otorgaba el documento de propiedad a la persona, aunque el inmueble quedaba hipotecado en favor del Estado, ahora la Ley de Emergencia establece que la propiedad sólo se transfiere -y condicionada- después de que los adjudicatarios de viviendas estatales cumplan con sus obligaciones".

El presidente de Apiur cree que "esto convierte a la persona (adjudicatario) en un pisatario y, de esta manera, el Gobierno continúa con la práctica de no entregarle documentos de propiedad a la gente".

Crecen las invasiones

Apiur estima que en todo el país existen actualmente 22.000 invasiones, entre rurales y urbanas. Sólo en Caracas el organismo lleva cuenta de 155 edificios invadidos, y el municipio Libertador es el más afectado, según Orta.

El Observatorio de la Propiedad registró 28 invasiones en 2010 y 178 desde 2005.

El vocero lamentó que "hace 12 años se empezaron a incrementar las invasiones en el país. Inicialmente sólo había ocupaciones ilegales de terrenos; pero no de inmuebles construidos, ni mucho menos habitados, como está sucediendo en la actualidad".

Para contrarrestar este repunte, otra de las solicitudes del nuevo Frente Nacional por la Propiedad es que los organismos de seguridad del Estado prevengan el delito de invasión en flagrancia.

Orta aseguró que "en la mayoría de los casos los propietarios no son apoyados por las autoridades; sino que son remitidos directamente a la Fiscalía, que por su parte tampoco imputa, ni impulsa los juicios correspondientes, por lo que no se restituye la propiedad".