El Universal 20-07-09

Por  Trino Márquez
El asedio a la propiedad privada ha perjudicado a modestos empresarios y trabajadores

La campaña de hostigamiento que el Gobierno nacional mantiene contra el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice-Libertad), es producto del éxito obtenido en los sectores populares por el programa de difusión "Por un país de propietarios", en la defensa y promoción del derecho a ser propietarios que tienen todos los venezolanos. Este es un valor consagrado en al artículo 115 de la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por Venezuela en 1948.

Desde 1999 observamos cómo han ido aumentando continuamente las regulaciones y controles por parte del Estado sobre la iniciativa privada. El socialismo del siglo XXI, modelo de organización socioeconómico que el primer mandatario le propone al país, violando abiertamente los principios constitucionales, se ha transformado en un esquema para acosar y reducir a su mínima expresión la propiedad privada, mientras que, simultáneamente, coloca todo el énfasis en la propiedad estatal y en ese engaño llamado "propiedad social".

Esta visión estatista y colectivista de la economía y la propiedad inspiró el proyecto de reforma constitucional rechazado por el pueblo el 2-D. Sin embargo, el primer mandatario, desconociendo el mandato popular, reintrodujo ese esquema en la mayoría de los 26 decretos con rango, valor y fuerza de ley de la habilitante, sancionados a mediados de 2008.

Posteriormente, el Ejecutivo Nacional propuso dos instrumentos jurídicos que atentan contra la propiedad privada: la Ley de Propiedad Social y la reforma a la Tenencia de la Tierra de los Asientos Urbanos Populares. El Gobierno, por lo tanto, ha ido construyendo un andamiaje jurídico -la legislación comunista- que asfixia la propiedad privada.

Los ataques no se limitan a la arquitectura legal. También se han perpetrado numerosas acciones concretas contra la propiedad privada. Durante los años recientes han sido frecuentes las invasiones de tierras y fincas, las confiscaciones, la toma ilegal de fábricas en pleno funcionamiento, la invasión de inmuebles urbanos, las expropiaciones de empresas exitosas. Las amenazas han ido en aumento. Se reestatizaron empresas como Sidor y la Cantv, que en manos privadas generaban ganancias y cancelaban impuestos al Fisco Nacional. Ahora ambas arrojan saldos negativos. La Electricidad de Caracas, que durante un siglo generó altos beneficios a sus propietarios y a los millones de usuarios que atendía, por primera vez en su historia genera pérdidas.

El asedio a la propiedad privada ha perjudicado a modestos empresarios y, de forma especialmente severa, a los trabajadores en las empresas estatizadas la clase obrera ha ido perdiendo derechos históricos: la libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva y el derecho a huelga.

Frente a este cuadro tan grave, Cedice, en ejercicio de la autoridad que le conceden 25 años de lucha en resguardo de la propiedad privada, resolvió emprender la defensa pública a través de los medios de comunicación de ese valor esencial de las sociedades libres. Decidió amparar y promover el artículo 115 de la Constitución, en vista de que el Gobierno y la Asamblea Nacional han montado un dispositivo para liquidarlo en los hechos. La campaña promocional fue recibida con beneplácito por amplios sectores nacionales que se ven reflejados en ella. En esta iniciativa se ha contado con el apoyo desinteresado de creativos y de medios impresos y televisivos que han comprendido la importancia de proteger ese valor esencial.

Los venezolanos respaldan en su inmensa mayoría la propiedad privada. Lo que hace Cedice-Libertad es interpretar ese sentimiento, reconocido como valor inalienable de las sociedades libres.

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