| Rechazan ambigüedad de Ley de Tierras Urbanas |
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| Escrito por Administrator | |||
| Domingo, 25 de Octubre de 2009 10:14 | |||
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El Nacional 23-10-10 El instrumento jurídico da poder ilimitado al Ejecutivo para afectar propiedades con el fin de resolver el déficit de viviendas. Raimundo Orta Poleo, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, señaló que es peligroso "porque un funcionario podría incurrir en una medida que perjudique la inversión en la construcción"  La amplitud del articulado de la Ley de Tierras Urbanas, que entró en vigencia ayer, con el objeto de resolver el déficit de viviendas, da una discrecionalidad ilimitada al Estado para expropiar no sólo terrenos "sin uso" sino también edificios, casas y locales. El artículo número 6, titulado "Tierras urbanas aptas", establece que existen tres tipos de terrenos aptos para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat: "Tierras urbanas abandonadas por sus propietarios y propietarias", "tierras urbanas sin edificar" y "cualquier otra que así determine el Ejecutivo Nacional". "Este concepto es muy amplio y podrían afectarse muchas propiedades bajo esta facultad abierta del Ejecutivo", señala el abogado Juan Manuel Raffalli. El artículo 16 estipula que "las tierras urbanas ocupadas con edificaciones que estén en ruinas, con fallas de construcción, deterioradas, que no se encuentren habitadas o declaradas inhabitables, podrán ser adquiridas por el Estado por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley". Raffalli considera que este articulado permitirá que sean afectados edificios, casas y locales, además de las "tierras sin uso". "El concepto de edificación puede ser asumido en sentido lano", explica. La ley también regula aspectos como la construcción en zonas de alto riesgo. "Esto implica que las zonas urbanas populares también podrán ser afectadas", apunta. Raimundo Orta Poleo, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, dice que debe definirse con claridad qué se entiende por "tierra abandonada", porque se presta a confusión. Indica que deben exceptuarse los terrenos que tramitan permisos para construir. "El articulado es demasiado genérico y puede ser peligroso, porque podría permitir que un funcionario, interpretando la ley a su manera, incurra en una medida que afecte la inversión en la construcción", añade. Otra preocupación de Orta Poleo, quien piensa demandar por nulidad la ley en las próximas semanas, es que el instrumento determina la posibilidad de expropiar un terreno sin haberlo evaluado primero. "Eso colide con la Ley de Expropiaciones", asegura. La ley entró en vigencia el miércoles, cuando fue publicada en la Gaceta Oficial. Fue aprobada por el Parlamento el 14 de agosto, luego de varios meses de discusión. Tiene 36 artículos y su objeto es el de "regular la tenencia de tierras urbanas sin uso, aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat".
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