El Mundo 19-01-11

La Comisión Judicial del TSJ ordenó a todos los jueces "con carácter de urgencia" para que restrinjan temporalmente "todas las medidas ejecutivas cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva".
Presidente de Apiur "Debe corregirse el decreto del TSJ, porque es una invitación a no pagar los créditos"

La restricción de materializar medidas de desalojo sobre bienes inmuebles destinados a vivienda o habitación, que ordenó el pasado viernes la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no se limita a las viviendas destinadas al alquiler y, por lo tanto, afecta todos los procedimientos de naturaleza inmobiliaria, incluyendo los adelantados por el sistema bancario.

Tal y como fue redactado, el decreto se aplica en cualquier contrato, negocio o relación jurídica que conlleve criterio de posesión, uso o tenencia de un inmueble de uso habitacional o residencial, tales como las ejecuciones de hipotecas, las particiones de comunidades (comuneros, herederos), acciones posesorias, acciones restitutorias o interdictales e, incluso, aquellas acciones de desalojo por incumplimientos en relaciones laborales con conserjes, cuidadores y vigilantes, en áreas urbanas y rurales.

Esta fue una de las conclusiones a las cuales llegaron varias cámaras del sector inmobiliario, que se reunieron el lunes en la noche para analizar la decisión que fue anunciada a través de un comunicado suscrito por la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, y publicado en medios oficiales el domingo pasado.

Aunque el documento del máximo tribunal de la República establece que la restricción es "temporal", la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) sostiene que la medida es indefinida, debido a que en ninguna parte el oficio C-111, de fecha 14 de enero de 2011, se establece cuál es el lapso de duración.



Sector bancario alerta

La banca se vería en aprietos si la medida permanece como fue publicada por la Comisión Judicial, debido a la imposibilidad que tienen ahora las instituciones financieras para desalojar inmuebles por incumplimiento de pagos de los créditos hipotecarios.

En la reunión sectorial, en la que participaron representantes de Apiur, de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y de Bienes Raíces, se determinó que la medida del TSJ también "afecta la política habitacional, ya que estimula la morosidad. Es decir, cualquiera que tenga una vivienda y que deba pagar el alquiler o cuotas de crédito, podría considerar inútil el pago, ya que aun estando insolvente se encuentra protegido por la norma".

José Grasso Vecchio, director de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), cree que "el decreto debe ser corregido, pues no puede afectar los desalojos por falta de pago, si el espíritu era prohibir solamente los desalojos ilegales de viviendas arrendadas. Si la medida se deja como está, se fomentarán los incumplimientos de pagos, subirá la morosidad de esta cartera y, a la larga, se pondrá en riesgo la entrega de créditos habitacionales".

El analista financiero recordó que, sin que se publicara la orden de prohibición de desalojos habitacionales, "en Venezuela ya era complicado ejecutar hipotecas, porque la ley protege a las personas si se trata de su vivienda principal o tienen niños, y además un juicio de este tipo puede tardar entre cuatro y cinco años".

Morosos protegidos

La prohibición de ejecutar desalojos habitacionales que ordenó el TSJ "burla el efecto coercitivo de lo establecido en la ley y promueve la insolvencia", según Roberto Orta, presidente de Apiur.

El abogado explicó que, con esta medida, "se estimula el incumplimiento de los contratos de naturaleza habitacional y hasta de pagos de condominios, por cuanto aun estando moroso, o habiendo infringido un contrato, el ocupante tiene una protección legal especial".

La prohibición de traspasar inmuebles, aun cuando exista una sentencia firme, aplica para casos de divorcios, de reparticiones de herencias y de juicios laborales que hayan determinado incumplimiento de funciones por parte de conserjes, cuidadores y vigilantes.

La orden tampoco distingue si aplica sólo para zonas urbanas o rurales, y en consecuencia ignora las diferentes disposiciones legales que se ejecutan de forma distinta para cada tipo de inmueble.

"Al perderse el carácter coercitivo de las leyes, se promueve la sinvergüenzura en todo sentido. No sólo se motiva a las personas a dejar de pagar sus compromisos habitacionales, sino que adicionalmente los conserjes o vigilantes podrían verse tentados a dejar de cumplir con sus obligaciones laborales, a sabiendas de que en este momento no hay una vía legal para desalojarlos del inmueble que habitan", dijo Orta.