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890 familias ven frustrada su aspiración de ser propietarias PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Martes, 11 de Agosto de 2009 10:39
El Universal 05-08-2009

Propietarios sí. Adjudicatarios no. Tan simple como ello. Para las 890 familias que fueron beneficiadas por el Gobierno Nacional en los complejos urbanísticos Solidaridad Litoral, Playa Grande y Vista Caribe, otorgados en su momento por el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) y el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), ésta es su exigencia primaria.

      "Uno sabe que el apartamento es tuyo porque vives en él, pero no hay ningún documento legal que avale esta situación. Lo único con lo que contamos es con los certificados de adjudicación. Cuando se creó el Ministerio de Vivienda pensamos que los procesos se iban a acelerar, y de hecho nos prometieron que se entregarían los títulos de propiedad y se legalizaría nuestra situación para empezar a pagar los apartamentos durante el primer semestre de 2009, y nada. Yo perdí mi casa en El Piache (Catia La Mar), y tenía mis papeles. Era mía. Hoy quiero tener esa misma seguridad, así como el resto de las familias vecinas", explica Alida Quiñones, quien habita en uno de los apartamentos de Playa Grande.

      De acuerdo con los vecinos del urbanismo, muchos adjudicatarios intentan conformar un frente común para ir al Mopvi y solicitar inspecciones en edificaciones y censos que permitan la legalización. "No queremos que se vea como una iniciativa política. Ésta es una iniciativa social. Así como comités de tierras en los barrios quieren titularidad de la tierra, nosotros queremos titularidad de nuestros apartamentos. Esa documentación nos permitiría lograr créditos para acondicionarlos y mejorar nuestra calidad de vida", agrega Natalia Martínez, habitante de Vista Caribe.

      Otros problemas generados por la falta de legalidad es el impedimento de procesos de compraventa o de contratar administradoras para que hagan mejoras o grandes intervenciones en edificios o el pago de mensualidades de mantenimiento. "En los edificios hay juntas de condominios y uno se asiste con la Ley de Propiedad Horizontal, pero siempre hay vecinos que se quieren salir de la norma o dejar de pagar servicios comunes y uno está de manos atadas, sin ley o reglamentos que te respalden pues no somos propietarios", alega Fernando Rivero, vecino de Solidaridad Litoral.

      Sin respuesta oficial
      Los tres urbanismos involucrados -Solidaridad Litoral, Playa Grande y Vista Caribe- están en proceso de registro de sus consejos comunales. Por estas instancias se han dirigido al Mopvi para buscar información sin suerte sobre su estatus. No descartan tomar la calle para hacerse sentir.

      "Hay desorden en ese macroministerio. El Gobierno liquidó Fondur e Inavi para eliminar burocracia, y así traspapelaron archivos, hacerse la vista gorda con nuestros reclamos. Fuimos 5 veces, nos dicen que fin de semana mandarían comisión, nada pasa", dice la adjudicataria Emilce Escobar.

    


 

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155 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha

800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas

22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011

188 edificios alquilados fueron afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado a su propietario, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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