El Tiempo 29-01-10

 
La plenaria de diputados dio luz verde en primera discusión a la Ley de Protección al Comprador de Vivienda que prevé la intervención del Estado en casos de proyectos habitacionales inconclusos para garantizar la entrega al propietario.

CARACAS.- Dos años máximo para la entrega de inmuebles tendrán las constructoras una vez firmado el contrato de compra-venta, de acuerdo con la Ley de Protección al Comprador de Vivienda, aprobada este jueves por la plenaria de la Asamblea Nacional (AN).

El presidente de la Comisión de Administración y Servicios del parlamento, Luis Gamargo, expuso que la medida plasmada en el artículo 5, entre otras que contiene el texto, busca frenar la especulación y los abusos en el sector, puesto que una obra se ve demorada hasta por cinco años para aumentar su costo de venta.

“Alargan la construcción de vivienda y llega un momento en que la persona se ve impedida de cancelar la casa por el costo que originó la demora, hasta cuatro, cinco veces más del precio original. Hay casos increíbles”, dijo Gamargo.

Consulta
Largo estudio y debate tuvo el instrumento legal en el seno de la Comisión de Administración y Servicios, antes de ir a la plenaria, puesto que fueron tomadas en cuenta gran cantidad de denuncias sobre especulación en el sector inmobiliario, a partir de las cuales se llamó a capítulo a afectados y productores de viviendas. El tema del cobro ilegal del Indice de Precios al Consumidor también fue una traba, pero el decreto del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda lo resolvió al prohibir la figura.

“Cuando el contrato de compra-venta se rescinde por causas no imputables al comprador, el productor debe devolver el dinero en su totalidad en 15 días continuos (artículo 12)”, añadió Gamargo.

La norma plantea además que no podrá exigirse al comprador el pago de cargos adicionales relacionados con el proyecto, con argumentos, como por ejemplo, que el apartamento que tenga la mejor vista cuesta más.

“Esta ley no está hecha sólo para proteger a quien adquiere una vivienda sino al productor de inmuebles eficiente y que cumple la ley, porque elimina a los vendedores de maletín y los cementerios de construcciones, dado que se faculta al Ministerio de Obras Públicas y Viviendas a intervenir para terminar los proyectos y entregarlos al propietario”, dijo la diputada Laura Valls del partido Patria Para Todos (PPT).

Al respecto y pese a que Podemos votó a favor del instrumento legal, el diputado Juan José Molina (Podemos) pidió que la normativa proteja e incentive también a los constructores.

“Es importante que se les hagan propuestas llamativas para que no abandonen el sector, porque nadie va a invertir a sabiendas de que va a perder”, advirtió.

Reprochó que el gobierno quiera controlar al sector privado, mientras ha regulado las minas productoras de arena y tierra, nacionalizó el cemento y apenas ha podido construir 150 mil viviendas, según dijo.

A consulta
El diputado Luis Gamargo, informó que la Ley de Protección al Comprador de Vivienda será sometida a consulta nacional a través del parlamentarismo social de calle en todos los estados del país. La diputada Laura Valls pidió apoyo a los bloques regionales.

Debate negado
El diputado de Podemos propuso este jueves debatir en plenaria el tema de la violencia carcelaria, a propósito de las muertes violentas en la cárcel de La Planta ubicada en El Paraíso. Se le indicó que el tema está siendo abordado por la Comisión de Política Interior.