RNV 22-09-09

La diputada Laura Valls, presidenta de la instancia, aclaró que la Ley de Preventa de Vivienda en Proceso de Construcción o aún no Construida, una vez que sea aprobada en primera discusión será llevada a discusión en las calles.

La presidenta de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat, diputada Laura Valls, se reunió este martes con representantes de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la Cámara de la Construcción, las cámaras regionales de los estados Carabobo y Lara y productores de inmuebles, a quienes les presentó el Proyecto de Ley de Preventa de Vivienda en Proceso de Construcción o aún no Construidas, el cual será aprobado este miércoles en la Comisión Permanente de Administración y Servicios.

La parlamentaria destacó que el fin de la reunión es establecer un mecanismo con los productores de inmuebles para la participación en el Parlamentarismo Social de Calle o en la elaboración de las propuestas, "de manera que la ley no salga con una imagen negativa para la calle pudiendo afectar lo que es la producción de inmuebles o las operaciones de compraventa o las preventas".

Para tales efectos, la diputada les hizo entrega del proyecto de ley a los presentes advirtiendo que éste puede sufrir modificaciones leves, mañana cuando lo discuta el plenario de la comisión permanente.

A la reunión no asistieron los directores de Inquilinato del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) y de Indepabis, quienes estaban invitados por su competencia en la ley.

También asistieron los afectados, de Villa Paraíso, por una constructora de vivienda en el estado Carabobo.

La diputada Laura Valls informó que el objetivo principal de la Ley de Preventa de Vivienda en Proceso de Construcción o aún no Construida, es establecer normas claras tanto para los productores de inmuebles como para los compradores en la operación de compraventa, en las preventas de viviendas en construcción y por construir.

En este sentido, dijo que el problema consiste en que no existían normas a través de las cuales se pudiera guiar a los productores de inmuebles o a los compradores, hay un vacío legal, "poner las normas claras, el juego claro tanto para los compradores como para los constructores", asentó.

"Esta es una ley que, en las primeras reuniones que he venido sosteniendo con los organismos competentes, ha sido positiva, y para no perder el feed back en el desarrollo de la ley, están hoy aquí", precisó Valls.

La parlamentaria acotó que de las declaraciones del presidente de la República este lunes, se puede deducir que hay una intención clara del Gobierno de reactivar todo lo relacionado con la construcción, créditos, etc., de viviendas.

Enfatizó que esta ley viene a reforzar la intención gubernamental a través de la resolución del Mopvi en la que quedó abolido el cobro del Índice Nacional de Precios al Consumidor en materia de inmueble, "porque por un lado elimina el cobro inadecuado del IPC en materia de inmueble, pero, por otro lado, está creando una serie de mecanismos para incentivar la producción de vivienda, como es el programa de Construyendo Juntos tu Casa, a través del cual el Gobierno asume el urbanismo de los proyectos, asumiéndolo de manera no retornable, es decir, que el productor que trabaje con política habitacional y que sea dueño del terreno, no tiene que devolver lo que el gobierno vaya a invertir en la construcción del urbanismo".

"El cobro inadecuado del IPC quedó abolido, derogado con la publicación en gaceta de la resolución del Mopvi y la ley refuerza todo lo que tiene que ver con eso", enfatizó.

La asambleísta recalcó que el precio inicialmente pactado por el productor de inmuebles y los compradores, es el precio que debe permanecer y ejemplarizó que una persona compra en preventa por dos razones: para asegurar un precio hacia el futuro y para poder pagar una inicial fraccionada.

Indepabis
Sobre el papel que ejercerá el Indepabis en la ley, la diputada destacó que este organismo viene a ser un aliado importante en el cumplimiento de todas las normas que se deriven de la normativa legal, así como de los decretos emanados del Gobierno, que de acuerdo con su última reforma, este organismo puede sancionar, puede abrir procedimientos, así como establecer prohibiciones de enajenar y gravar en algunos proyectos, y cómo el Mopvi podrá intervenir en los proyectos que estén paralizados por motivos de mala gerencia o de la desaparición de los productores de inmuebles.

Por su parte, Francisco Neri, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, expresó que hace unos meses presentaron un proyecto de ley en el que solicitaron que se tomaran en cuenta cuatro puntos: que se comenzara la preventa una vez obtenidos los permisos de construcción; que dependiendo del número de viviendas que se vayan a desarrollar; establecer las fechas de terminación de la obra y las fechas de protocolización de la obra así como el ajuste por inflación.

"Si uno pudiera obtener los permisos para desarrollar una vivienda en un plazo de seis meses, se puede estar recortando dos años y medio de lo que se puede tardar solamente el arrancar un producto de vivienda", enfatizó.

Dijo también que para los casos de desarrollo pequeño veinticuatro meses son suficientes y para los más grandes un plazo de treinta y seis meses, lo cual no solamente es conveniente para el promotor sino también para el 74% de la población que gana menos de dos mil bolívares mensuales y no tiene cómo ahorrar.

Considera Neri que una vez concluida la obra, las alcaldías sean lo más diligentes posible para otorgar el permiso de habitabilidad.

Aclaró que van a conocer la propuesta definitiva de la Subcomisión de Vivienda en este sentido y van a estudiarla con detenimiento en el proceso de discusión, con el fin de poder lograr una solución aceptable por todos y cuyo único fin es producir el mayor número de viviendas.

Señaló que los productores de vivienda no pueden prever los niveles de inflación en uno, dos ó tres años y que el objetivo de la preventa es que la mayoría de los venezolanos no cuentan con la capacidad de ahorro para poder pagar una inicial.

"Si nosotros establecemos un precio para entregar a los dos años, vamos a calcular la inflación como la podemos atinar nosotros y nosotros no somos economistas, no somos especialistas en la inflación, el especialista aquí es el Banco Central de Venezuela, que es el que nos va determinando como aumentan las cosas de precios", destacó finalmente.

Este proyecto de ley será aprobado mañana en la reunión de la Comisión Permanente de Administración y Servicios para su posterior envío al plenario de la AN para su aprobación en primera discusión, que será llevado al parlamentarismo social de calle.