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Piden reintegrar IPC a constructores PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 09 de Noviembre de 2009 07:53
El Carabobeño 05-11-09. El reintegro de las sumas de dinero cobradas por la aplicación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) por parte de constructores y promotores en la preventa de viviendas, solicitaron este jueves en la audiencia preliminar efectuada en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Asociación de Usuarios y Servidores Eléctricos de Venezuela (Asuselectric) y organismos oficiales.

Conny García, abogada de Asuselectric, ratificó el contenido de la demanda, en el sentido de que la Sala declare la ilegalidad del cobro del IPC, o de cualquier otra modalidad que implique la modificación del precio del inmueble, respecto al convenido en el contrato de preventa y que ordene la elaboración de un modelo único de contrato y declare la nulidad de las cláusulas que constructores y promotores agregan a los contratos.

Tomás Arias, representante legal de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, rechazó las peticiones de Asuselectric, señalando que la resolución 98, de noviembre de 2008, del Ministerio de Vivienda y Hábitat, y la 110 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, prohíben el cobro de cualquier monto derivado del IPC y de los precios por insumos de la construcción. Señaló que un contrato único de preventa lesiona el principio entre las partes y el derecho a la libertad económica. Ofreció traer a la Sala un experto para que explique cómo opera el sistema de preventa inmobiliaria y específicamente cómo se realizan los ajustes por inflación.

Roberto León Parilli, de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), pidió la participación del Banco Central de Venezuela, pues no se puede estar ajeno a la realidad de la alta inflación que aqueja al país, porque sentenciar sólo la prohibición del cobro del IPC generaría la fijación de un precio proyectado de la mano del constructor, en perjuicio de los compradores de viviendas.

 

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El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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