El Universal 24-02-08. Gerardo Hernández Dávila
La ordenación territorial y en ese contexto, la creación de nuevos centros urbanos para desconcentrar la población, continúan siendo materias aplazadas. No ha habido capacidad para solventar el déficit habitacional; falta una política de Estado congruente, que con el aporte de todos, aborde integralmente el ciclo de la vivienda y las alternativas para dotar de techo a un colectivo cansado de esperar.

No es con resoluciones parciales, enfoques estrechos, o programas dispersos, que se enfrentará con éxito tan magna tarea. Los cinturones de miseria se multiplican en la franja costera: el 40% del territorio concentra el 64% de la población. Caracas no resiste más viviendas sin la extensión de servicios. El Distrito Capital tiene una densidad demográfica de 1.200 habitantes por km2, cuando la media nacional es apenas de 25. El 50% de la población vive en la ciudad informal, en proporción mayor a las favelas de Sao Paulo (20%) o a las villas de la miseria de Buenos Aires (10%).

El modelo concentrador se reprodujo en Miranda, Carabobo y Aragua. Lo curioso es que la menor densidad demográfica se registra en los estados fronterizos: Amazonas con 0,55 habitantes por km2; Delta Amacuro con 3,07, Bolívar con 5,02, Apure con 5,43, Zulia con 50,21 y Táchira con 88,43. No existe una ley que desarrolle las fronteras, violándose el Art. 15 de la Constitución Nacional.

El gobierno central insiste en la metropolización, como forma de control de la ciudadanía, que aparte de elevar costos de urbanización deteriora la calidad de vida y los servicios. Las "ciudades socialistas", anexadas a las metrópolis, carecen de planes de transporte, vialidad, y empleo, y lejos de presentar una respuesta digna, se convierten en carga para las colapsadas urbes y en nuevos focos de segregación social.

Es imperativo poblar las fronteras en forma integral y ordenada, creando ciudades con los sin techo, los desempleados: los "pioneros de frontera". Se requieren ingentes inversiones públicas y privadas; incentivos tributarios, crediticios, estímulo al emprendimiento, y a los "pioneros de frontera" títulos de propiedad de las tierras donde se asentarán. Venezuela tiene un inmenso potencial para consolidar nuevos asentamientos, e integrar a las abandonadas comunidades indígenas y rurales, garantizando el incentivo primordial para todos: el respeto a la propiedad privada.

No hay excusas para eludir esta tarea. Hay referencias como las leyes orgánicas para la Ordenación del Territorio y de Ordenación Urbanística para dar luces al proyecto de Ley Orgánica de Fronteras engavetado desde 2004 en la Asamblea Nacional. Está la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio de 2005, con los días contados de aprobarse la Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio, orientada al control del poder político por encima del desarrollo armónico y sustentable.
De continuar por esta vía, estaremos frente a un marco legal que, en aras de construir espacios bajo control del Estado, desestimará la importancia de la propiedad privada. Los artículos 3 y 4 asignan al Presidente la atribución de normar el uso de todas las tierras del país. Nuestra responsabilidad es aportar un grano de arena para que la Asamblea Nacional se avoque, con verdadero espíritu integrador, a legislar por el desarrollo integral de las fronteras, y ello pasa indefectiblemente por el respeto irrestricto a la propiedad privada y al fruto del esfuerzo personal para generar riquezas.

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