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Promotores creen que aumentarán precios de inmuebles en preventa PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Lunes, 15 de Junio de 2009 05:03

El Mundo 12-06-09

 


Inmobiliarias pueden contemplar la inflación en la estructura de costos, según la diputada Laura Valls La Asamblea Nacional seguirá trabajando para regular el mecanismo de preventa, mientras el TSJ mantiene juicio

Oficinas de venta de proyectos esperan directrices para definir precios de proyectos.

 

 

Los promotores inmobiliarios estaban prevenidos al bate y desde que comenzó a sonar con fuerza la eliminación del cobro del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) en los contratos de vivienda en preventa, prepararon su plan B para seguir vendiendo sin perder.

La realidad es que los precios no bajarán porque el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda prohibió ajustar los precios en función de la inflación.

La Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), promotora de una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia por cobros irregulares por este concepto,señaló que el remedio será peor que la enfermedad.

"Los precios cambiarán", expresó Roberto León Parilli, presidente de Anauco, quien teme una caída en el nivel de oferta, como advirtieron hace unos días promotores inmobiliarios.

Ayer algunas oficinas de venta de viviendas en construcción evitaban dar precios a la espera de directrices Aquiles Martini Urdaneta, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), aseguró que -sin duda- los precios aumentarán.

"¿Cómo te vendo algo que voy a construir en dos años si mientras la inflación fue de 30%, los cables se dispararon 70% porque no tienen dólares de Cadivi y suben el cemento y la cabilla aunque están regulados? ¿En qué me fundamento? El sector tendrá que hacer estimaciones de inflación para el período en que se desarrolle la obra.

Según cálculos de la CIV, una vivienda se construye en un lapso comprendido entre año y medio y dos años.

Hasta el miércoles los promotores cobraban el denominado IPC en las cuotas mensuales que hacían parte de la inicial fraccionada, a la firma del contrato o lo sumaban al crédito bancario.

Laura Valls, diputada de la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, aclaró que la resolución publicada el 10 de junio en la Gaceta Oficial es clara.

"Se prohíbe el cobro del IPC, lo cual no quiere decir que en la estructura de costos no se podrá incluir la inflación como ocurre ahora".

"La ganancia , los gastos y la inflación estimada a la fecha de entrega forman parte de la estructura de costos de las promotoras.

Pero a este monto se sumaba el IPC y la mora en el cumplimiento de los contratos por parte del comprador".

"Este ítem seguirá siendo parte de la estructura de costos", manifestó la parlamentaria.

Ley y demanda en curso Si alguien pensó que la resolución oficial del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda enviaría al congelador el proyecto de Ley de Preventa, se equivocó.

Valls dijo que el Legislativo seguirá trabajando al respecto, pues el IPC es sólo una arista de un problema macro, como el de las viviendas que se venden mientras avanza la construcción.

La rescisión unilateral de contratos, ofertas engañosas y la diferencia de precios entre inmuebles forman parte de la lista de situaciones a regular.

Sobre la demanda que cursa ante el TSJ, León Parilli comentó que seguirá su curso, porque fue admitida y ello obliga a darle continuidad. De no haber sido así, se habría dado por terminado el proceso.

Teme por las consecuencias de la resolución publicada en Gaceta Oficial,puesconsideraque"hasido tomada con ánimo de revancha, está cargada de populismo y no mide las consecuencias que puede tener en el sector vivienda".

"El usuario quiere que se le entregue su casa en el tiempo pactado con el vendedor; no que se le cobre un IPC exagerado por el uso de una fórmula inadecuada o fuera de la fecha de entrega que se prometió".

 

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En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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