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Venezuela tiene el deber moral de revisar acuerdos para viviendas con otros países PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 25 de Octubre de 2009 09:59
Ciudad Bolívar, 22 Oct. ABN.- “El Estado venezolano tiene el derecho y el deber moral de revisar, a través del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Viviendas (Mopvi), el avance de todos los convenios suscritos con otros países en materia de vivienda y hacer los ajustes que sean necesarios', afirmó en Ciudad Bolívar el viceministro de Vivienda de este despacho, José Vicente Rodríguez.

Lo anterior lo dijo durante la toma, por parte del Gobierno Nacional, de las obras del megacomplejo habitacional Cayaurima, ubicado en la capital bolivarense, hasta la fecha en manos de la empresa brasileña Consilux.

El viceministro explicó a los 600 trabajadores de este proyecto las razones por las cuales el Estado se vio obligado a hacer valer sus derechos y suspender la operación de Consilux en estas viviendas, tras detectarse numerosas irregularidades, retrasos en pagos de salarios al personal obrero y gastos por encima de lo presupuestado inicialmente.

Recordó que actualmente en el país se ejecutan seis grandes proyectos habitacionales en sociedad con países amigos, como Brasil, China, Bielorrusia e Irán, entre otros, los cuales han avanzado satisfactoriamente.

Sin embargo, en el caso del proyecto Cayaurima, conformado por mil 37 viviendas y apartamentos, con urbanismo, escuelas y áreas públicas, los trabajos han sufrido un retraso notable, por lo que a tres años de su inicio sólo ha avanzado 67%.

“El convenio de este proyecto ya ha cobrado 260 millones de dolares de los 600 que fueron autorizados por el Gobierno Nacional, sin embargo, a la fecha no hemos recibido ninguna vivienda completa, cosa que nos alerta en extremo”, apuntó.

Resaltó que cerca del 53% del gasto realizado hasta la fecha fue consumido en movimiento de tierras por parte de Consilux, lo cual también generó alerta en el Mopvi.

“La Revolución Bolivariana tiene en su línea de acción la ética socialista, por lo que debemos revisar qué pasa aquí, pues si bien esta situación no es culpa del gobierno y de los trabajadores, si es nuestra obligación resolverla”, recalcó Rodríguez.

El funcionario recordó que durante el lanzamiento de la Misión Barrio Nuevo, el presidente de la República, Hugo Chávez, alertó que el primer paso para resolver el problema del déficit habitacional en el país era “desmercantilizar” el sector de la construcción.

Al respecto, defendió los convenios suscritos con países, como Brasil, para el intercambio tecnológico y el suministro de materiales para nuevas viviendas en toda Venezuela.

“Brasil nos ha apoyado en la Misión Barrio Nuevo, consolidando barriadas en Caracas y otras ciudades, y nos ha dado tecnología de punta, por lo que el problema de Consilux es sólo de una empresa que se desvió de lo acordado y no una falla del convenio binacional”, enfatizó.

Refirió que el Mopvi está obligado a velar por los intereses del Estado y del pueblo venezolano en estos convenios y hará valer esta facultad cuando sea necesario.

“Esto incluye tanto incumplimiento de obras como también cualquier violación a la Ley del Trabajo y del marco legal venezolano, lo cual no toleraremos”, advirtió el viceministro.

Asimismo, reiteró que las compañías extranjeras responsables de estos convenios de construcción de viviendas tienen derecho a obtener ganancias, de igual manera que Venezuela se beneficia con las nuevas unidades habitacionales y la transferencia tecnológica recibida.

'Pero esto no significa que podrán abusar de nosotros y atropellar a nuestros trabajadores, pues ellos son la base moral de esta Revolución y velaremos por su protección”.
 

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188 edificios alquilados fueron afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado a su propietario, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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